Acá tenemos dos palabras malditas: expropiar y demoler. Cada una ha adquirido su propia dimensión diabólica gracias al mal uso que se le dio o se le sigue dando. Expropiar, un concepto necesario en temas de urbanismo, planificación, mejora de las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos, durante décadas fue casi una palabra impronunciable.
El trauma dejado por el gobierno militar de Velasco la sacó no solo del léxico sino de la cabeza de las autoridades. ¡Esa barbaridad comunista! Se le dio una lectura política y hasta ahí llegamos. Lo que se expropia hoy es mínimo y cuando sucede parece que se hace con un miedo extremo.
Sin embargo, es una de las armas que nos da la misma ley para proteger la rica herencia arquitectónica de Lima. ¿Lo hace el ministerio de Cultura? No. ¿Lo hace la Municipalidad de Lima? No. Las razones, o las excusas, siempre están ahí. El resultado final es que la autoridad no se atreve a hacer uso de una de las herramientas más potentes que tiene a su disposición.
La otra es demoler. Pero aquí el asunto es más perverso. La autoridad no demuele. Demuele la empresa privada. Demuelen inmobiliarias al margen de cualquier responsabilidad ciudadana y de cualquier valor histórico del inmueble. Es cierto, tampoco existen incentivos de ningún tipo para que un propietario de un bien histórico quiera y pueda conservar ese inmueble. Pero el resultado es el mismo: demolición, pérdida irreparable de capas de historia e identidad de una ciudad original.
Lo que alcaldes y autoridades de cultura están permitiendo es un proceso descontrolado, destructivo y voraz de crecimiento urbano. Lima nunca antes vivió este tipo de presión. A una situación extraordinaria se han debido implementar medidas extraordinarias. Pero hasta ahora nadie parece haberse dado cuenta de la situación.
Lo que tenemos en cambio son alcaldes felices, porque les entra más dinero. Un ministerio de Cultura callado, porque no sabe qué hacer, y una Municipalidad de Lima que mira del otro lado porque es una autoridad debilitada. Lima no se merece esta situación.
En el post de la semana pasada hicimos referencia a la investigación que vienen realizando en nuestra ciudad más de 30 alumnos de arquitectura y planificación de una universidad de Londres. Incluso ellos, que llegaban por primera vez a la capital, se quedaron sorprendidos que en el último lustro el 40% del sector de Barrios Altos se haya convertido en depósitos.
Estos depósitos no solo son ilegales. Para levantarse tuvieron que tirarse abajo alguna estructura antigua. Todo esto a vista y paciencia de las autoridades. A lo máximo que ha llegado la capacidad de fiscalización de la Municipalidad de Lima es a pegar unos afiches que son quitados al día siguiente. O a las pocas horas.
En una reunión sobre estos temas, hace unas semanas, Alberto Martorell, el presidente de Icomos, indicó que “si esos depósitos de seis pisos pudieron ser construidos sin que ninguna autoridad pudiera pararlo, algo grave está sucediendo”. Y vaya que si es grave... la incapacidad de las autoridades para defender la ciudad.
Pero todavía se pueden redimir. Por ejemplo, empezando por demoler lo ilegal y clandestino. Finalmente, este sería el único tipo de demolición que vale la pena. Y no solo salvaría la ciudad. Salvaríamos también una palabra del infierno del lexicón.
Foto arriba: Prensa alternativa. Depósito en Barrios Altos.
Foto abajo: Wikipedia. Demolición en Alemania.
Totalmente de acuerdo, las obras al interior del Real Felipe tienen orden de demolición del mismo Ministerio de Cultura, pero el Ministro no se atreve a hacerlo ¿por temor a quién? ¿a los militares, al Gobierno Regional con quién parece a costruido una alianza contranatura? la demolición permitiría recuperar esta joya que el arquitecto Victor Pimentel supo poner en valía.
ResponderEliminarEs el temor del funcionario público a ser denunciado penalmente por 06 ú 08 delitos que , en el mejor de los casos , terminan en 5 ó 6 años de ir y venir al Poder Judicial...Lo dice quien se atrevió a firmar el acta de demolición de parte de una casa que invadía zona monumental del Bosque El Olivar en San Isidro y que , pese a haber transcurrido mas de 03 años , sigue defendiéndose en el PJ...La verdad: Lo volvería a hacer.
ResponderEliminarBuena, Mario. Aunque deberían existir mecanismos por los cuales la responsabilidad recaiga en la institución y no en los individuos.
ResponderEliminarLa función pública es un servicio y si es para defender nuestro patrimonio, está se debe ejercer con pasión y las leyes en la mano.
EliminarSi el funcionario público no se siente capaz de enfrentar las demandas que tendrá tras los procesos de demolición, no sería ético que ejerciera el cargo.
Excelente blog, que nos da la posibilidad de poder expresarnos a los que vivimos enamorados de Lima, que no fué una capitanía más de España, sino fue la "Capital del virreynato", por eso una parte de España se trasladó al Perú pero con edificaciones que utilizaron las materiales propios de estás Lima y con el primer puerto comercial de latinoamerica, el Callao.
ResponderEliminarEstoy totalmente de acuerdo con el contenido del articulo,a pesar que existe la Ley de Patrimonio, ninguna institución se preocupa de hacerla respetar, esta señala con sanciones penales a los que hacen daño al patrimonio. Existe debilidad y/o temor en los funcionarios que dirigen las instituciones y no se atreven a demoler las coonstrucciones inconsultas, acaso ¿recuerdan una sola demolición ilegal en el Centro Histórico de Lima?, sin embargo hay infinidad de multas, las cuales son irrisorias cuyo monto es fácil de pagar y seguir construyendo. Se requiere urgente una reforma legislativa que proteja a las instituciones y sus funcionarios de las demandas aún cuando estos dejen el cargo, porque, de lo contrario, el boom inmobiliario seguirá dejándonos sin histórica con la desaparición progresiva de nuestro Centro Historio.
Excelente blog, que nos da la posibilidad de poder expresarnos a los que vivimos enamorados de Lima, que no fué una capitanía más de España, sino fue la "Capital del virreynato", por eso una parte de España se trasladó al Perú pero con edificaciones que utilizaron las materiales propios de estás Lima y con el primer puerto comercial de latinoamerica, el Callao.
ResponderEliminarEstoy totalmente de acuerdo con el contenido del articulo,a pesar que existe la Ley de Patrimonio, ninguna institución se preocupa de hacerla respetar, esta señala con sanciones penales a los que hacen daño al patrimonio. Existe debilidad y/o temor en los funcionarios que dirigen las instituciones y no se atreven a demoler las coonstrucciones inconsultas, acaso ¿recuerdan una sola demolición ilegal en el Centro Histórico de Lima?, sin embargo hay infinidad de multas, las cuales son irrisorias cuyo monto es fácil de pagar y seguir construyendo. Se requiere urgente una reforma legislativa que proteja a las instituciones y sus funcionarios de las demandas aún cuando estos dejen el cargo, porque, de lo contrario, el boom inmobiliario seguirá dejándonos sin histórica con la desaparición progresiva de nuestro Centro Historio.