Congreso aumentó a 12 años la pena de cárcel por daño a monumentos, y declaró de importancia nacional la función social del patrimonio arqueológico (... en México)

Pirámide del Sol en Teotihuacán, 'Lugar donde los hombres se convierten en dioses', México.

México y Perú comparten el legado arqueológico más rico del continente. Y la realidad de hoy parece indicar que no solo eso: el hermano del norte desde hace unos años vive agobiado por el narcotráfico, la violencia y la corrupción, que se han filtrado en casi todas las esferas de la vida del país. Aun así, esto no impide que su Congreso actúe en otras áreas. Y en una tradición que los distingue de otros países, la herencia cultural se toma en serio.

Y no es que la ley o el congreso sean la solución final al tema de protección del patrimonio. No es infrecuente ver cómo buenas medidas terminan siendo letra muerta. Pero el marco legal sigue siendo necesario. Un marco legal que dé el mensaje necesario: esto importa.

En las últimas tres semanas el pleno de la Cámara de Diputados mexicana, en varias sesiones, aprobó una serie de reformas a la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos. A saber:

• Medida 1: Se aumentaron las sanciones para quienes destruyan patrimonio arqueológico, con penas que van desde cinco a doce años de prisión. Antes era de dos a diez años. 

Esto ya pasó a la oficina del presidente para su promulgación en los próximos días, y según indican las notas de prensa, las medidas se tomaron en respuesta al incremento en los últimos años del saqueo de bienes arqueológicos, además del deterioro de estos bienes en ese país.

Pirámide del Sol a principios de siglo XX. Teotihuacán fue contemporáneo con la cultura Lima.

• Medida 2: El Congreso tomó en cuenta “la amenaza que representa el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios y comerciales para las zonas protegidas”.

Por ello se declaró “de interés social y nacional introducir en el marco normativo previsiones adecuadas para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la nación”.

• Medida 3: Se reconoció la necesidad de incorporar la función social del patrimonio arqueológico, como parte indispensable de su gestión.

Según señalaron, se trata de generar sentido de pertenencia entre la población, por lo que se deberá “promover la participación de la sociedad civil”. Según la Comisión de Educación mexicana, que elaboró el dictamen, al promover el sentido de pertenencia alrededor de los monumentos, “estos serán cuidados, valorados y generarán dinámicas en beneficio de la identidad y del desarrollo social”.

• Medida 4: Finalmente, incorporaron en su legislación, la protección del patrimonio cultural subacuático, todo vestigio arqueológico sumergido.

¿Qué hace que en un país su congreso por lo menos tenga la apariencia de saber qué hacer con la importancia de su riqueza cultural y en otros no?

Pero además, como un detalle significativo, está el papel de la prensa. Si revisan en internet verán la cantidad de notas que publicaron los medios mexicanos sobre estas medidas. Señal de que el patrimonio importa. Después de todo, no solo es cultura. Es una de sus mayores fuentes de ingreso.

Complejo arqueológico Catalina Huanca, 2.000 años de antigüedad, en Ate, asediado y separado de la ciudad por una empresa arenera propietaria del predio. Foto: Erik Maquera

¿Cómo andamos nosotros? O si replanteamos la pregunta ¿qué hace el Congreso aquí?

Según Fabricio Valencia, uno de los pocos abogados que hay en el Perú especializado en el tema de patrimonio cultural, la gran ironía es que el país fue pionero al incluir el tratamiento penal del patrimonio, pero “las tipificaciones actuales no protegen eficientemente los bienes culturales”, precisa.

Le pregunté cuánta gente ha ido a la cárcel en el Perú por delitos contra el patrimonio y tal parece que nadie. En total ha habido unas 30 condenas a nivel nacional, pero al ser penas de cuatro o menos años de cárcel, nadie termina entre rejas por destruir esos bienes.

En este link podrán ver los artículos del código penal que tipifican este delito y los cambios que se deberían hacer, según Valencia.

PROPUESTA OLVIDADA

En agosto del año pasado la congresista Leyla Chihuán presentó una propuesta de ley para aumentar las penas de cárcel por daño al patrimonio arqueológico. En una buena señal de compromiso, lo hizo tras la destrucción que una empresa inmobiliaria produjo en el complejo El Paraíso.

Ella planteaba que las condenas pasaran de una pena no menor de tres ni mayor de seis años de prisión, a no menor de cinco ni mayor de nueve (Artículo 226 del Código Penal).

Lo mismo hacía con otros artículos del código penal vinculados al tema patrimonial: 227, 228, 229, y 230. La propuesta aparece en internet con los sellos de recibido. La votación en el Congreso nunca se produjo. Así construimos país.

Huaca Paraíso desde el aire, 4.000 años de sabiduría. Foto: Evelyn Merino Reyna.