miércoles, 25 de noviembre de 2015

Dice el BID: cómo recuperar un Centro Histórico y generar desarrollo para la ciudad

Balcón en casona histórica del Rímac. Foto: Alessandro Currarino. (Hacer clic sobre las fotos para ampliarlas)
Esta semana reproduzco un excelente artículo publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Su foco tiene que ver con la necesidad de incorporar la recuperación de los Centros Históricos en un contexto de desarrollo sostenible e inclusivo de las ciudades. 

La nota es de Jeff Soule, miembro directivo de la American Planning Association.


Casa Barbieri, siglo XVIII.  Esq. Jr. Callao y Rufino Torrico.
Tres componentes para lograr centros históricos sostenibles 

La comunidad internacional está abocada en el trabajo de articular un nuevo marco global de desarrollo histórico que gira en torno a la sostenibilidad, un elemento clave para cualquier plan de futuro.

Los vínculos entre la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible tienen un amplio reconocimiento. La tarea de crear un marco práctico y participativo para el desarrollo urbano depende de la resolución de las tensiones entre los objetivos de conservación del patrimonio, por un lado, y las necesidades de desarrollo socio-económico y las aspiraciones de las comunidades locales, por otro.

Con el fin de comprender plenamente la relación entre el patrimonio cultural y el desarrollo sostenible, la idea de “patrimonio” debe entenderse en su sentido más amplio. La conservación física de los bienes inmuebles y urbanísticos por sí sola no ayudará a preservar el patrimonio cultural de una comunidad.

Jr. Junín. Barrios Altos.
En las últimas dos décadas, hemos experimentado la urbanización sin precedentes. Se espera que sólo en Asia para existan 800 millones de residentes urbanos en los próximos 15 años. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha declarado que la batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderá en la forma en que diseñamos nuestras ciudades.

Los centros históricos ofrecen características que bien podrían servir de guía para nuevos y futuros proyectos urbanos: son compactos, de uso mixto, mezclan poblaciones de diferentes los ingresos y ofrecen espacios públicos vibrantes.

El desarrollo urbano que integra el patrimonio cultural es más sostenible, diverso e inclusivo. Conservar el patrimonio tiene muchos enfoques y objetivos económicos como culturales, en el sentido que refuerza la identidad nacional, el conocimiento acumulado y es motivo de orgullo como herencia de las generaciones anteriores. También porque, como explicaremos adelante, el patrimonio revitalizado es una fuente de oportunidades económicas.

Las recomendaciones para el paisaje urbano histórico de la UNESCO (RPUH) son un conjunto práctico de directrices de planificación que integra el patrimonio cultural con el desarrollo comunitario. Actualmente se están implementando en muchos lugares alrededor del mundo. Esas directrices exponen los fundamentos para hacer que el patrimonio histórico juegue un papel más central en el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la interacción con la comunidad.

Esas normas declaran al patrimonio cultural como motor de desarrollo económico inclusivo, motor de la cohesión social y la equidad, y como un medio para mejorar la habitabilidad y la sostenibilidad de una zona urbana. Esas directrices incluyen tres componentes principales.

Casa Bolívar, siglo XVIII. Esq. Jr Junín y Azángaro.
En primer lugar se destaca la capacidad del patrimonio cultural para fomentar el desarrollo económico inclusivo. Los centros históricos poseen un valor inherente por su singularidad. Eso promueve la creatividad que se ha vuelto cada vez más una parte fundamental de la actividad urbana. Museos, galerías de arte, teatros y una gran variedad de festivales culturales alrededor de los centros históricos ofrecen una oportunidad de revitalizar la economía mediante la promoción del patrimonio inmaterial.

El turismo sostenible, gestionado y regulado por las comunidades locales, puede proporcionar puestos de trabajo y empleo para las comunidades locales.

El segundo componente principal es el patrimonio cultural como el facilitador de la cohesión social, la inclusión y la equidad. El patrimonio tiene el poder de fortalecer a las comunidades donde los ciudadanos se asocian con su ambiente histórico, con una identidad compartida y un sentido de apego al lugar y la vida cotidiana. Es importante destacar que esto debe incluir a las minorías en desventaja o comunidades socialmente excluidas.

Los centros históricos han mostrado de sobra su capacidad para atraer el turismo, promover el empleo y la inversión local y externa. Al mismo tiempo, el proceso de revitalización genera espacio para construir entendimientos, rescatar valores y tradiciones.

En tercer lugar, los barrios y centros históricos pueden mejorar la habitabilidad, así como la sostenibilidad de las zonas urbanas. Por ejemplo, las zonas históricas son amigables con los peatones y promueven un ambiente urbano compacto que incentiva las prácticas más adecuadas de manejo de los recursos.

Casona siglo XVIII incendiada hace unos años. Jr. Callao.
La reutilización de las estructuras históricas adaptadas para la vida moderna puede ser particularmente eficiente en la política de uso del territorio. Los centros históricos son de uso mixto y de usos múltiples lo cual les da un aspecto integral.

La integración de la tecnología moderna con el conocimiento local tradicional y las prácticas de gestión de ecosistemas en los centros históricos han contribuido a la sostenibilidad del medio ambiente y son factores importantes de la resiliencia moderna.

Las prácticas locales y tradicionales de prestación de servicios básicos pueden ser un recurso valioso para la promoción de la sostenibilidad urbana.

Nuestra generación está en el camino de generar una nueva agenda urbana. Es un momento importante para recordar la lección de los centros históricos: son sitios compactos, llenos de vitalidad cultural. 

Fotos 2-5: J.Lizarzaburu
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Lea aquí el artículo original.
Link de la American Planning Association

miércoles, 18 de noviembre de 2015

¿Qué protegemos, una ley o el patrimonio?

En los últimos años en Lima han venido creciendo iniciativas que refuerzan el vínculo de los ciudadanos con sus sitios arqueológicos.  Las huacas, cada vez más, son parte de la ciudad. Foto: reporterosenlinea.com.
El ejercicio de diálogo que realizó el ministerio de Cultura estos días fue quizás lo más significativo de esta gestión en cuanto a generar puentes con la sociedad civil. Asistieron más de 300 personas y unas 2,000 se conectaron Online. ¿Pero fue suficiente?

A lo largo de todo un día, arqueólogos, arquitectos, gestores culturales y gente de prensa, compartimos distintas mesas para conversar sobre qué necesitamos hacer con nuestro patrimonio arqueológico.

El punto de partida, como muchos saben, fue la derogatoria del D.L. 1198 que buscaba abrir la gestión de este legado a otros actores, incluidos universidades, comunidades locales, fundaciones y empresa privada.

Fue un buen momento para aclarar dudas.

No se trata, insistió el viceministro Juan Pablo de la Puente, ni de privatizar ni de concesionar el patrimonio.

Pero no todo fue pan con mantequilla. Hubo algunas posiciones sorprendentes.

Una de las mesas de conversación en el auditorio del ministerio de Cultura.  Foto: MC.
Hubo opiniones donde el punto de partida no era buscar el fortalecimiento del Estado en su necesidad de proteger el patrimonio, sino el argumento derrotista de que no hay dinero y que no se puede hacer nada más.

Otro tipo de mensaje, más consistente, fue el de buscar la participación del sector privado en un contexto donde primero se reconoce la protección de este legado como una obligación del Estado. 

Una posición clara fue la de la Dra Ruth Shady, opositora al DL 1198. Ante las quejas de varios por la falta de fondos, su propuesta fue al grano:

Los turistas que vienen al Perú lo hacen en un 80-90% por su patrimonio cultural. Cada uno que llega por un aeropuerto paga una tasa de 15 dólares. Lo lógico sería pensar que están pagando por proteger la cultura. No es así.

Ese dinero va a Promperú. ¿Qué hace Promperú? Un gran trabajo en promocionar el país. Su cultura, fundamentalmente. ¿Pero por qué parte de ese dinero no va a la protección de lo que se supone debe proteger como prioridad absoluta? Vaya uno a saber.

La propuesta de la Dra. Shady es sencilla: que el 50% de esas entradas vayan a Cultura. ¿Fórmula sensata? Muchos diríamos que sí. Pero a ver qué dirán las autoridades.

Durante la gestión metropolitana anterior se dio énfasis a programas educativos vinculando jóvenes con
su patrimonio arqueológico. Foto: MML.
En conclusión, que varios estuvimos ahí no para defender un decreto ley. Estuvimos ahí porque queremos una eficiente protección del patrimonio.

Esto implica no solo la búsqueda de formas de financiamiento, que existen, sino tener políticas culturales claras, que se respeten.

Varios estuvimos ahí porque queremos un ministerio de Cultura fuerte.  Que nos diga lo que está haciendo y cómo lo está haciendo.

No basta con tener una página web con palabras bonitas. Los mensajes públicos son necesarios. Son los que te comprometen con la acción.

Y en patrimonio, se necesitan mensajes claros. Se necesita a un presidente, a una ministra hablando de su compromiso no solo con estimular la inversión privada, sino con su inescapable obligación de proteger nuestro legado cultural.

Si luego, esa visión involucra incorporar a actores privados en distintos aspectos de su gestión, bienvenido el cambio. Pero, por una, tengamos las prioridades claras.

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Haga clic aquí para leer el comunicado del ministerio de Cultura

miércoles, 4 de noviembre de 2015

¿Qué tipo de inversión privada?, ¿qué participación de la sociedad civil?

Gran templo de Pachacamac a inicios del siglo XX. 

La derogatoria del cuestionado D.L.1198 dejó en agenda la necesidad de discutir sobre lo que queremos para nuestro patrimonio. Y sucede en un momento que puede ser útil: una campaña electoral en ciernes, y el Bicentenario que le tocará a quien gane las próximas elecciones.

Tras la decisión del Congreso, de eliminar el decreto, algunos colectivos profesionales empezaron a organizarse para debatir el tema. Cuáles son las opciones para gestionar el vasto patrimonio arqueológico del Perú.

Por ahora hay dos ideas centrales entre las muchas que seguramente saldrán a flote: cuánto se necesita de la inversión privada, y hasta donde puede participar la sociedad civil de las decisiones que tomen las autoridades.

Lo importante parecería seguir avanzando y darle forma a algún tipo de posición en la que converjan las diferentes opiniones.

El jueves 29 de octubre participé junto a un grupo de arqueólogos en un conversatorio organizado por el IIEST-Instituto de Investigaciones y Estudios Socio Territoriales, en el Instituto Porras Barrenechea. Aquí un resumen apretado de lo expuesto ese día.

Arqueólogo Gori Tumi.
Gori Tumi Echevarría, arqueólogo 
Es evidente que tenemos un problema en la visión oficial de cómo proteger el patrimonio. Lo que quedó en claro detrás de toda la gestión del hoy derogado decreto fue el papel de un lobby empresarial interesado en apropiarse de sitios arqueológicos. El decreto no se pasó para salvar el patrimonio sino para lucrar con él.

El Estado no tiene una política de protección de patrimonio. Si las empresas no iban a lucrar para qué salía entonces dentro de una ley de estímulo a empresa privada. El asunto entonces es qué hacer.

Hay varias opciones. Entre ellas, proteger el patrimonio arqueológico con políticas culturales que tengan ese fin. El establecimiento de una autoridad jurídica competente que pueda castigar el delito contra el patrimonio. Y fortalecer el Colegio de Arqueólogos del Perú, porque se necesita una voz del gremio que tenga presencia y sea respetada.

Arqueólogo Aldo Bolaños.
Aldo Bolaños, arqueólogo 
Del total de sitios que el ministerio anunció, cerca de 20,000, cuántos efectivamente pueden ser de interés para la empresa privada. Muy pocos, quizás no más de 50.

Es importante también incorporar nuestra visión de gestión del patrimonio dentro de la perspectiva de economía del patrimonio. Esto ayudará a tener una visión más realista y completa del tema.

Y sobre la inversión privada, queda claro que esta es buena pero el tema es cómo hacerla, y que no lleve al Estado a la renuncia de sus obligaciones.

Vivimos en momentos de políticas culturales que son impuestas y no producto de un intercambio con distintos actores, algo que necesitamos cambiar para hacer el trabajo más democrático y horizontal.

Cuadro de inversión en cultura considerado presupuestos iniciales (PIA) y lo finalmente ejecutado.
Fuente: Daniel Caceda.
Daniel Caceda, arqueólogo y especialista en gestión pública 
El DL 1198 fue una buena medida. Lo sorprendente fue el pobre nivel de la discusión en el Congreso donde no se presentaron ideas, no hubo opiniones técnicas, solo políticas. El patrimonio es lo último que les interesa a los políticos.

Este cuadro muestra (ver arriba) que la inversión del ministerio de Cultura desde 2009 a 2014 ha sido de unos 705 millones, una cantidad enorme con la cual se podría haber avanzado mucho en la protección de nuestro patrimonio. Pero no ha sido el caso.

Las cifras dejan al descubierto un ministerio que no ha sido eficiente en el gasto, con un promedio de ejecución del 76%. Tenemos que movernos hacia el cambio del modelo, de uno obsoleto, con sitios abandonados, mal gestionados, hacia sitios protegidos, más inversión, museos y gabinetes adecuados.

Afiche del evento.
Hernan Hurtado, arqueólogo 
Llamó la atención la reacción de Cusco. Cusco vive de vender su patrimonio, como el Inti Raymi. El DL debió ser consensuado, trabajado, consultado, con opiniones técnicas. Hay casos que funcionan, como fundaciones privadas.

Quién financiaba a Tello sino la fundación Rockefeller e inversionistas privados. Se adelantó a un marco de gestión cultural, un buen concepto que no existe en la ley.

Existe una posición tradicional entre los arqueólogos que lo sagrado se opone a la inversión privada. Y esto no es así. Lamentablemente la discusión del congreso se limitó a posiciones políticas, porque ningún arqueólogo opinó. Debemos dar el salto para ver la inversión privada como un aliado.

Foto: Anahí Vásquez de Velasco.
Javier Lizarzaburu, periodista
Ojo con poner a todo el sector privado en un mismo cajón. Los expertos señalan que los tres mejores ejemplos de manejo de un sitio arqueológico en el Perú están vinculados al sector privado: Señora de Cao (Fundación Wiese); Huaca de la Luna (Fundación Backus); Huaca Pucllana (Asoc. Municipalidad de Miraflores-MinCul).

Pero dos de ellas son fundaciones sin fines de lucro, y la otra una asociación público-pública. ¿Cuáles son entonces los límites de la inversión privada? Pucllana alquila terreno a un restaurante que hace dinero. Mateo Salado alquila su espacio para eventos corporativos. Si yo vendo polos, tazas y lapiceros con huacas de Lima: ¿estoy lucrando con el patrimonio? ¿Dónde ponemos los límites? Como sociedad civil necesitamos una estrategia, hacer nuestras las oportunidades, aunque las pinten calvas.

Como sociedad civil podemos o deberíamos dialogar, exigir, negociar, buscar transparencia, reglas claras. Necesitamos abrir esos espacios nosotros mismos. No nos lo van a dar. Pero serán espacios para negociar, para escuchar, para lograr objetivos comunes.


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Normas internacionales y nacionales donde se incluye el papel del sector privado:

NORMAS DE QUITO, 1967
Recomendaciones
6  La cooperación de los intereses privados y el respaldo de la opinión pública es imprescindible para la realización de todo proyecto de puesta en valor. En este sentido, debe tenerse en cuenta durante la formulación del mismo, el desarrollo de una campaña cívica que favorezca la formación de una conciencia pública.

CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL Y NATURAL – UNESCO, PARÍS 1972 
Art. 17
Los Estados Partes en la presente convención considerarán o favorecerán la creación de fundaciones o de asociaciones nacionales públicas y privadas que tenga por objeto estimular las liberalidades en favor de la protección del patrimonio cultural y natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente Convención.

CARTA INTERNACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (1990). ICOMOS 
Introducción
(…) la protección del patrimonio arqueológico debe basarse en una colaboración efectiva entre especialistas de múltiples y diversas disciplinas. Exige también la cooperación de las instancias de la Administración, de investigadores, de empresas privadas y del gran público.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 1993 
Cap. II – Derechos Sociales y Económicos
Artículo 21°.- (…) La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional.

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 2004
Título Preliminar / Artículo V.- Protección
(…) El Estado promoverá la participación activa del sector privado en la conservación, restauración, exhibición y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos de exportación ilegal o cuando se haya vencido el plazo de permanencia fuera del país otorgado por el Estado.