LA CONVERSACIÓN QUE NADIE QUIERE TENER (o quién le pone el cascabel…)

Armatambo saturado: el destino de una de las mayores ciudades del pasado.

Vivimos al medio de una dualidad cada vez más insostenible. De una parte, somos un país con uno de los legados arquitectónicos más ricos que existen: unos 100.000 sitios solo en lo arqueológico. De otro lado, no solo no podemos protegerlo todo, lo estamos perdiendo.

La entrevista de la semana pasada con el viceministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, fue importante por algo significativo: era quizás la primera vez que una autoridad de ese sector intentaba hablar con una sinceridad que no cae bien. “Vivir en un país como el Perú significa que a veces hay que hacer pequeños sacrificios”, dijo. Y tenía razón.

Pero por distintos motivos, entre los más activos en temas de protección parece haber una tendencia que señala que tenemos que protegerlo todo, cuando la realidad nos dice que eso es simplemente imposible. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo?

Al ritmo que vamos, pronto vamos a tener que tomar las decisiones que no queremos, porque por ahora son otros los que ya lo están haciendo, sin control alguno, y con un saldo de pérdida irreparable. El asunto es, ¿dónde está el punto de equilibrio?

VISIÓN Y COMPROMISO
¿Necesitamos una lista en la que con sinceridad digamos ‘esto podemos conservar’ y dejamos ir al resto? Esto quizás lo puedo preguntar yo como periodista y como alguien de afuera, porque cada vez que lo he planteado entre arqueólogos y arquitectos la respuesta oficial suele ser "nada de listas, se conserva todo".  Me pregunto si han pensado de verdad la dimensión y el impacto de esa actitud.

De otro lado, resolver eso necesita de una visión y un compromiso con la cultura que lamentablemente en nuestro caso no existe. El mismo presidente y el ministro de Economía no solo vienen ignorando este sector de manera sistemática, sino que toman medidas que atentan contra la sobrevivencia de este legado. No solo son los cuestionados decretos 54 y 60, sino la reducción del presupuesto de Cultura, de por sí uno de los menores. Esto no lo hace fácil. Lo hace perverso.

La siguiente es una entrevista que hace un tiempo hice con John Hurd y que nunca publiqué pensando que sería algo controvertida. Hoy siento que es necesaria.

Hurd es presidente del comité asesor de ICOMOS (Consejo Internacional de Sitios y Monumentos), consultor internacional de Unesco en temas de conservación, y fue director mundial de conservación del Global Heritage Fund (GHF). Su trayectoria profesional lo ha convertido en una autoridad mundial en estos temas. Espero sirva de algo en este debate, porque algo hay que hacer.

Experto internacional en conservación. Foto: Google.

Ante una mayor presión del desarrollo, ¿qué pasa con los sitios arqueológicos?
Hay que investigar todo lo que se pueda y saber discernir, y conocer el valor arqueológico de un sitio. Si es de gran significado, no se puede proceder al desarrollo inmobiliario.

¿Y si no lo tiene?
Si no lo tiene, el desarrollo debe proceder.

Cuando dice ‘debe proceder’, ¿quiere decir que hay que destruirlo?
Sí. Yo creo que no debería haber una regla que diga que uno tiene que mantener cada uno de los sitios arqueológicos; que cada uno es sagrado porque, francamente, en Lima vas a encontrar sitios arqueológicos en todas partes, de un periodo o de otro.

Suena radical
Si encuentras algo que no sea tremendamente significativo, que no añada información al tema mayor de la historia del país entonces - siempre y cuando documentes el sitio con mucho cuidado y profesionalismo - entonces eso sería suficiente.

Creo que los peruanos somos más proteccionistas
Soy consciente de que esto puede ser un comentario muy controvertido, y lo sería en cualquier parte del mundo. Hay algunos países como Italia, Libia, donde la arqueología está en cualquier lugar y en algún momento hay que encontrar un balance.

¿Hay que ser prácticos?
Yo diría que sí. Pero creo que es importante ser prácticos en el sentido de permitir el desarrollo en lugares donde hay sitios arqueológicos, y posiblemente los mismos desarrollos inmobiliarios podrían incorporar estos sitios dentro de su proyecto, como espacio público o como un lugar para congregarse en caso de terremoto o emergencias.

Pachacamac: todavía con un largo camino por avanzar.

Para algunas empresas el pasado es un obstáculo. Podrían usar este argumento para tirarse abajo todo.
Sí, es cierto. Esto ha pasado en China, donde Mao Tse Tung en 1951 declaró que todo lo que era más antiguo de 25 años no valía nada y se perdieron grandes tesoros. Pero si tienes una ley que requiere que se haga una investigación arqueológica, y se define claramente lo que es significativo y lo que no, entonces las empresas entenderán que hay límites.

¿La ley es suficiente?
Hay que clarificar la ley, que en este momento es muy amplia y vaga. Tal como está abre la posibilidad para la corrupción y la mentira.

Para usted la protección de patrimonio contribuye a la autoestima de los pueblos. Pero si se destruye, ¿no vamos en contra de ese valor?
No creo que sea así. Lo importante es que les puedas demostrar a tus hijos y a sus hijos que hay sitios muy significativos de los que estamos orgullosos, y que los sabemos cuidar.

Un paso difícil…
El Perú se está desarrollando, eso es un hecho. Y el país tiene un enorme legado arqueológico, eso es otro hecho. Entonces tenemos que llegar a un punto donde quede claro qué se puede hacer y qué no. Ya sé que es cruel pero es práctico, pero en algún momento hay que tomar una decisión. Ambos pueden convivir lado a lado.

Fotos 1 y 3: J.Lizarzaburu

PATRIMONIO EN RIESGO: “LO QUE ESTÁ EN JUEGO SON MILLONES DE DÓLARES”

"De todas maneras vamos a regresar a trabajar a El Paraíso. Cueste lo que cueste"

En su primera entrevista en extenso, el viceministro de Cultura en el área de Patrimonio, Luis Jaime Castillo, reconoce el punto más débil: la ley no está de nuestro lado. “Lo que hay está hecho para un mundo que ya no existe”, asegura. Y lo que está en juego son millones de millones de dólares, fruto del nuevo valor que tiene la tierra. Habla de Paraíso, Puruchuco, y del complicado acertijo que deberá resolverse junto con el poder judicial y el Congreso para mejorar el marco legal de lo que se debe proteger.

La herencia arquitectónica de los limeños está bajo ataque, y cada semana hay alertas de invasiones en sitios arqueológicos. ¿Qué está pasando?
Que los tiempos han cambiado, en perjuicio del patrimonio. En el pasado, el INC decía ‘esto es arqueológico’ y lo respetaban. Ahora ya no. Ahora nos enfrentamos al valor de la propiedad, de la tierra. El enemigo ya no es el huaquero. Es un tremendo problema de una pequeña oferta y una enorme demanda.

¿La factura del desarrollo económico?
Para darte un ejemplo, hace unos 20 años la tierra en San José Moro [proyecto arqueológico en La Libertad] no valía nada. Invadías y te instalabas. Hace unos 15 años tuvo su primer precio: US$10, el metro cuadrado. Hoy está a 100 dólares, porque está cerca de una empresa agropecuaria que da trabajo. Cuando multiplicas eso por miles de metros cuadrados te das una idea del volumen de dinero que hay detrás.

Y sin control de ningún tipo
Existe una gran presión demográfica sobre el terreno. Tampoco se trata ya del invasor de terrenos. Los traficantes de tierras ven que es más lucrativo entrar en el negocio inmobiliario, y ahí no hay sitio arqueológico o casona histórica que cuente. Son millones de dólares en juego.

¿Cómo se protege en ese escenario entonces?
Lo que he aprendido en estos tres meses [desde que soy viceministro] es que el sector patrimonio no está preparado legalmente para enfrentar los retos actuales. Hay un desfase mayúsculo, y no existe un adecuado marco jurídico.

Pero la ley es clara: todos los bienes arqueológicos son propiedad del Estado
Así es. Lo que dice la ley es que el Estado es propietario de los bienes arqueológicos, ya sea que estén en propiedad privada o pública. Pero uno de los conflictos que tenemos ahora tiene que ver con los sitios en propiedad privada, y es un tema que jamás se enfrentó ni aclaró en el pasado.

El Estado puede hacer trabajos en propiedad privada…
El Estado puede y tiene el derecho, y en principio solo tiene que informarle al dueño. Ni siquiera está obligado a pedirle permiso. Pero los propietarios pueden apelar y los jueces les pueden dar la razón, porque la ley no es clara en ese punto.

Hay varios puntos sueltos…
Las zonas de amortiguamiento tampoco han sido definidas. ¿Cuánto es esta área: 15cm. como en Pucllana?, un metro, 15 metros? Es otra área donde existen vacíos. La verdad es que hemos postergado el sinceramiento del marco legal a partir del cual podemos asegurar la protección del patrimonio.

Insisto, cómo pueden proteger en un situación así
El ministerio está trabajando en reformar las leyes para adecuarlas a la realidad actual. Cada día la situación es peor, y la presión para solucionar es mayor también. Quienes están revisando la ley de patrimonio no son arqueólogos sino juristas de alto nivel [ex miembros del Tribunal Constitucional].

El sitio arqueológico más antiguo de Lima: 4.000 años de antigüedad. En el limbo.

Dos lugares emblemáticos, como Paraíso y Puruchuco, están envueltos en una cuestionada dinámica comercial. ¿Qué está pasando con el primero?
No sabemos a ciencia cierta quién destruyó la pirámide, porque toda el área le pertenece a tres dueños [el viceministro muestra un mapa del sitio arqueológico, dividido en tres zonas]. Y en principio, cualquiera de ellos pudo enviar la maquinaria pesada. Podemos tener sospechas, pero la ley necesita evidencias.

Una fuente vinculada al ministerio me aseguró que una sospechosa decisión del departamento legal de Uds. fue el detonante para que se destruyera la pirámide
No fue así. No puedo poner la mano en el fuego por nadie, pero te aseguro que nada en el ministerio provocó la destrucción.

Se ha insistido en la responsabilidad del director de la Biblioteca Nacional, Ramón Mujica, como uno de los propietarios del lugar
No tiene nada que ver, porque él ya había vendido sus derechos. Lo que pasa es que no se registró la venta. Pero apenas salieron estos comentarios la ministra le pidió un descargo, él presentó todos los documentos y ella ha quedado plenamente satisfecha de que el señor Mujica no está involucrado en absoluto.

En qué está hoy Paraíso
Estamos peleando legalmente por nuestro derecho a actuar en el sitio arqueológico, incluso si está en contra de los deseos del propietario. El dueño de ese sector ha apelado para que el ministerio no haga nada. Pero esto va en contra de la Constitución.

En diciembre del año pasado se anunció que habían designado unos cinco millones de soles para poner en valor Paraíso. ¿Qué pasa ahora con el presupuesto si no hacen nada? ¿Se pierde?
El proyecto considera los cinco millones en cinco años. Nosotros no estamos con los sentados de brazos cruzados. Estamos luchando para regresar al sitio. Estamos a la espera de la decisión de un juez. Pero de todas maneras vamos a regresar a trabajar al Paraíso. Cueste lo que cueste.

El Paraíso: "el derecho privado no puede estar por encima del bien común"

¿Así esté en propiedad privada y el dueño se oponga?
La propiedad privada es importante, pero el derecho de un particular no puede estar por encima del bien común.

¿Y Puruchuco?
Ese proyecto ya está encaminado. Es el caso de dos bienes públicos que se enfrentan. Por una parte está la extensión de la avenida Javier Prado, y por otro el descubrimiento de unos canales prehispánicos, que son importantes. Nuestra respuesta ha sido dar una solución al presente, y no que los muertos impidan la vida.

Pero hay una creciente oposición
Nuestra responsabilidad es encontrar una solución que busque la protección del lugar, sin afectar el desarrollo. Y esas soluciones no comprometen el patrimonio. La zona arqueológica principal no va a ser afectada, por eso oponerse a los túneles no tiene sentido.

¿Por qué?
Porque estamos haciendo todo lo posible para llegar a un buen acuerdo. Hemos contratado al ingeniero Daniel Torrealba, arqueólogo y experto en estratos de la Universidad Católica, quien nos dirá cómo se deben cubrir esos canales para que se conserven. Él propone cómo protegerlos y dejarlos tapados. Si en 100 años se puede hacer otra cosa, se rescatarán.

Los críticos insisten en que se busca beneficiar al grupo económico que quiere levantar el centro comercial del otro lado
Ese proceso lleva años y ya hay toda una serie de inversiones hechas. De nuestra parte, quiero asegurarles a los vecinos que se van a tomar todas las precauciones. Se usará además cemento expansivo y nada de explosivos. Ahora, si hay contubernio entre Ate y una empresa comercial, eso no lo sé.

Puruchuco desde el aire, con centro comercial en color. Foto: Skyscraper.com

Estamos sacrificando el patrimonio…
Es un pequeño sacrificio, sí. Pero en el Perú es así. Convivir con el pasado implica tomar decisiones, pero hay que hacerlo bien. Una gestión eficiente y rápida consigue que la empresa privada se convierta en aliada del patrimonio, y no en su enemiga.

¿Qué es lo más importante para la gestión de la ministra?
Tenemos dos grandes proyectos: uno es la actualización del marco legal de la protección de patrimonio arqueológico, y el catastro nacional de sitios arqueológicos con tecnología de punta.

Sobre el primero, es lo que me decía más arriba…
Así es. Y es una prioridad porque hemos visto que todo está atrasado. Las leyes actuales norman un mundo que ya no existe.

Pero ya van tres ministros de Cultura que dicen que están revisando la ley de patrimonio…
Una vez que se tenga el texto revisado, este pasará al Consejo de Viceministros los cuales harán sus propias observaciones. Cuando esté todo listo recién se envía al Congreso.

Entonces no se tiene idea de cuándo va a estar lista la nueva ley
No, pero estamos trabajando fuerte en eso.

Me deja preocupado…
Lo que vamos a hacer mientras se sigue adelante con ese proceso largo y engorroso es proponer leyes más pequeñas, como de emergencia pública, que son más específicas y más fáciles de sacar adelante.

¿Alguna medida inmediata?
Te puedo anunciar que estamos lanzando el programa ‘364 carteles’, para identificar cada uno de los sitios arqueológicos de Lima. Por lo menos tendremos eso, mientras se avanza con la parte legal. Esta gestión está seriamente comprometida en lograr un marco adecuado para la protección de nuestro legado cultural.

Fotos 1 y 2: JLizarzaburu.

HUACAS Y BOOM INMOBILIARIO: EL VALOR URBANO DEL PASADO (columnista invitada)

"Hay que entender las huacas como lugares modernos y públicos", señala RAC.

Una visión de Lima en su relación con las huacas a lo largo de los últimos 100 años, es lo que ofrece Rosabella Álvarez-Calderón* en esta columna. Ella es una joven arqueóloga que en los últimos años se ha especializado en análisis urbano, y este año presentó su tesis en Harvard, en la que analiza el pasado milenario de nuestra ciudad. Su reflexión ofrece nuevas posibilidades para incorporar este legado limeño en una visión de futuro.
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Hace poco menos de cien años, el gobierno del Perú comenzó a planificar la expansión de la ciudad de Lima sobre un territorio entonces cubierto por haciendas y un gran número de sitios arqueológicos, los restos de más de cinco mil años de ocupación prehispánica.

Se comenzó un proyecto de construcción de grandes avenidas que unirían la ciudad de Lima con los poblados vecinos del Callao, Magdalena, Miraflores, Barranco y Chorrillos, avenidas que también servirían para incentivar el proceso de urbanización.

Una de las primeras de estas avenidas en ser construida llevaba un nombre muy optimista, El Progreso, y fue construida a través de dos grandes montículos de tierra. Tal vez en ese entonces se consideró que la demolición parcial de esos cerros no era de mayor importancia, ya que la construcción de una importante vía de comunicación que conectaría la ciudad de Lima con el Callao y que promovería el desarrollo urbano de esa zona era de altísima prioridad, elemental para el progreso del país.

Ochenta años después, la decisión de construir la ahora llamada avenida Venezuela en ese estrecho pase entre las huacas San Marcos y Aramburu ha llevado a tener una importante vía con un frustrante cuello de botella, ya que es prácticamente imposible ampliarla sin afectar una u otra huaca. Tenemos, entonces, una absurda situación donde el tráfico se atasca, y la gente frustrada reclama que ampliar la avenida es más importante que conservar la huaca.

Huacas como obstáculo
Sin embargo, el verdadero problema fue que la avenida fue planificada y construida en una época donde las huacas eran consideradas montículos que podían ser demolidos sin mayor problema. En otras palabras, el problema es que la expansión de Lima se planificó y realizó mayormente sin considerar ni darle lugar a las huacas.

Es probable que ni los hacendados, ni el gobierno de esa época pudieran imaginarse una Lima moderna donde los sitios arqueológicos eran espacios urbanos, tan importantes como los parques y las plazas.

Si queremos entender por qué hay tantas huacas en peligro hoy en día, haríamos bien en revisar un poco la historia del crecimiento de Lima durante el siglo XX. Hay que regresar a esos años cuando las huacas eran consideradas obstáculos al desarrollo, ruinas cuyo polvo molestaba a los vecinos, como pasaba en Pucllana y Huallamarca.

Pucllana pre urbanización, años 30. Foto: Servicio Aereofotográfico Nacional

No es coincidencia que queden tan pocas huacas en distritos como Miraflores y San Isidro, a diferencia de distritos que comenzaron como Pueblos Jóvenes y luego se formalizaron, como es el caso de San Martin de Porres. La diferencia se explica en la manera cómo creció cada distrito.

En el caso de Miraflores y San Isidro, los futuros “barrios aristocráticos” (como se lee en la publicidad de la época), las antiguas haciendas fueron urbanizadas pensando en las clases medias y altas, que significa que el valor de la tierra ya era elevado desde antes que se construyese la primera casa y trazado la primera calle.

Huacas como vacíos
Un plano de Miraflores de 1933 muestra la huaca Pucllana bajo una ciudad imaginaria de manzanas, calles y plazas, indicando que para la mentalidad de los urbanizadores y la municipalidad, Pucllana solo tenía valor por su terreno, y era más provechoso urbanizar ese terreno.

Pucllana hoy: la calle Independencia cortó el sitio.  Foto: Google/Rosabella AC.

No es coincidencia tampoco que tantos Pueblos Jóvenes y barriadas se hayan desarrollado alrededor y encima de las huacas, ya que eran terrenos considerados de poco valor.

Incentivar, de manera discreta o abierta, la ocupación de estos terrenos “vacíos” resultó ser para el gobierno una solución fácil al problema de dónde iban a vivir los inmigrantes, la gente de pocos recursos, y las clases trabajadoras, una población diversa, pero mayormente excluida del mercado formal de vivienda.

No hay que olvidar que demoler una huaca y nivelar el terreno implica un costo en mano de obra, logística y tiempo, una inversión que es probable que la mayoría de los pobladores no podía hacer. O tal vez se daban cuenta que no salía a cuenta económicamente.

Si lo vemos de cierta manera, la destrucción de un montículo en el sitio arqueológico de El Paraíso es similar a la destrucción de casonas y ranchos, e incluso tiene relación a la invasión de los acantilados en Barranco para construir edificios. Todo se puede explicar por el aumento en el valor de la tierra, y la existencia de un mercado de construcción voraz y poco regulado.

Huacas reconocidas como valor
Las huacas son destruidas por la misma razón que las casonas: para urbanizar, para desarrollar, para densificar, para proveer a la ciudad de más departamentos, oficinas, centros comerciales, infraestructura urbana.

Muchos de nosotros nos confortamos tildando de ignorantes y salvajes a los que destruyen las huacas, y exigimos duras sanciones y la intervención del Estado. Sin embargo, nos olvidamos que hace unas décadas el mismo Estado y las urbanizadoras destruían sitios arqueológicos con gran tranquilidad con el fin de expandir y modernizar la ciudad.

Nos olvidamos que hace unas décadas eran solo unos pocos, liderados por visionarios extraordinarios como Julio C. Tello, los que veían en las huacas algo digno de conservar. Cuando la ciudad se formaliza, cuando la gente se enriquece, cuando el valor de la tierra crece, cuando la ciudad se densifica, las huacas solo pueden seguir existiendo si la gente ve en ellas un valor que excede el valor económico del espacio que ocupan.

Cuando las huacas son entendidas no solo como sitios históricos sino también como espacios urbanos modernos y públicos, abiertos a todos, tan necesarios como los parques, plazas y veredas, estaremos creando un valor que resistirá las presiones económicas.

* Rosabella Álvarez-Calderón Silva-Santisteban es arqueóloga, Licenciada por la Universidad Católica. Este año concluyó sus estudios de Maestría en conservación crítica de arquitectura en la Universidad de Harvard, donde presentó la tesis: “El paisaje urbano negociado – sitios arqueológicos y Lima, una ciudad de múltiples capas”. Actualmente vive y escribe desde Somerville, Massachusetts, Estados Unidos.

PURUCHUCO: UN CASO DE PROTECCIÓN VS INTERESES COMERCIALES

Trabajos de rescate arqueológico en el sector definido para los túneles.

El tema del interés común ha sido uno de los argumentos centrales para quienes apoyan la construcción de los túneles en Puruchuco. Es lo que ha venido repitiendo por años el alcalde de Ate, Oscar Benavides, señalando que este proyecto beneficiará a unas cuatro millones de personas y que, cuando se termine el trabajo, el recorrido que hoy toma 40 minutos se reducirá a 10. Hasta ahí, todo parece tener sentido. ¿Pero lo tiene?

Primero parece necesario tener en claro qué entendemos por bien común. Definiciones hay muchas pero todas coinciden en lo mismo: no se trata de la suma de los bienes individuales, sino que se trata de algo hecho en beneficio de todos los ciudadanos.

En el caso de los túneles, el argumento del aparente beneficio para todos es el que ha venido imponiéndose. Tanto así, que un cerro que había sido declarado intangible, ubicado en una importante zona arqueológica de la capital, va a ser atravesado para cumplir ese fin. Digamos que si fuera cierto, en buena medida quedaría justificada esta acción.

¿Pero estamos seguros que este es el caso? ¿Se han hecho públicos los estudios de Transporte?  Una simple mirada al mapa deja al descubierto que la ampliación de la Av. Javier Prado solo tiene una longitud de unos 600 metros, para después volver a ingresar a la Carretera Central. ¿Cuál es el beneficio para la ciudad entonces?

Y en beneficio de quién
Una de las mayores tensiones que se vive en Lima estos días tiene que ver con la pérdida progresiva de valioso patrimonio arquitectónico.  A eso se suma una historia de gestión de estos bienes culturales que es débil y cuestionada. Pero si este legado, es de todos los ciudadanos, ¿las decisiones no deberían apuntar, precisamente, al bien común?  

Lo que viene quedando claro, en el caso de Puruchuco, es que un beneficiario directo de este proyecto, antes que los millones de ciudadanos, será la empresa que va a construir el centro comercial Real Plaza, justamente del otro lado del cerro y donde, según se entiende, levantarán su enorme playa de estacionamiento para 2000 autos. ¿Eso justifica lo que está sucediendo ahí?

Cuando hace un año le pregunté al alcalde Benavides por qué no se había optado por los túneles subterráneos, me respondió que “porque hay que enterrarlo una cuadra antes, y por donde saldría no es propicio”.

Evidencia desenterrada de canales de irrigación. Fotos: JL

Cargado de historia
Luego está el hecho de la carga patrimonial del lugar. Durante años muchos creímos que en Puruchuco solamente existía el recinto del último curaca inca. Lo que nos hemos venido enterando es que todo el cerro Mayorazgo es repositorio de varias capas de ocupación, con una cronología que supera los 3.000 años de antigüedad.

Es más, lo que está saliendo a la luz en las excavaciones de estos días son vestigios de lo que se creen son los primeros sistemas hidráulicos de la capital: canales de regadío milenarios, de los que cuales no existe otra evidencia en la ciudad.

Esto nos lleva a otro aspecto del debate, sobre si lo encontrado es suficiente razón para detener todo el proceso, o si basta con un registro detallado. Hay razones que justifican una u otra medida, pero en lugar de un diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas, lo que se vive es una atmósfera de innecesario enfrentamiento.

¿Qué futuro?
Un tercer elemento es el de la misma gestión y protección de patrimonio cultural. Aquí, también parece quedar claro que lo que manda son intereses poderosos, que van más allá de la capacidad de acción de un ministerio. La historia de cómo se ha procedido con Puruchuco (y aquí abajo pueden encontrar una cronología breve), nos muestra los vaivenes de la política, a expensas de nuestro patrimonio.

Entonces, ¿solo es posible la protección mientras no afecte a grandes intereses económicos? La experiencia viene diciendo que es así. Y es un tema que por ahora, todo parece indicar, escapa a la capacidad de protección de un gobierno que debería actuar en beneficio de sus ciudadanos.  

Al final, es posible que Puruchuco nos deje o una buena lección o un mal sabor de boca. Lo que está pasando aquí es solo la una muestra de lo que está sucediendo con todo sitio, arqueológico o histórico, que quede en la mira de intereses comerciales.

Que nos hace falta un Estado fuerte que defienda lo que es de todos, es verdad. ¿Pero cómo lo conseguimos? De repente toca ampliar el ámbito de presión y exigir no solo a las autoridades políticas sino a las mismas empresas que están generando estas situaciones. Un Estado débil de repente necesita de una sociedad civil más fuerte.  Igual es una buena solución.

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Breve cronología del desorden y choque de intereses en uno de los más importantes sitios arqueológicos de Lima:

El área verde que rodea el palacio del curaca, o lo que debería ser la zona de
amortiguamiento, está en manos de una universidad privada. Foto: Rumbos.

1950s: La zona de Puruchuco pertenece a la hacienda Vista Alegre, de la familia Ísola. A fines de esa década, los dueños donan el sitio arqueológico al Estado.
1960: El Dr. Arturo Jiménez Borja reconstruye el palacio del curaca e inaugura el primer museo de sitio en Sudamérica.
1979: La Constitución de ese año señala que todo vestigio arqueológico en propiedad privada pasa a ser del Estado. Antes de esa fecha la familia Isola habría vendido los terrenos aledaños a Mario Chang.
1985: El entonces INC declara al Cerro Mayorazgo y campos aledaños como área paisajista protegida, lo que implica (hasta donde parece) una expropiación de los terrenos a Chang.
1985: Aparecen los primeros planes para cortar el cerro, y el entonces alcalde de Lima, Alfonso Barrantes, asume su defensa y sugiere un desvío alrededor de Puruchuco.
1993: La nueva Constitución modifica la situación existente respecto a los sitios arqueológicos y da prioridad a la propiedad privada.
1998: Mario Chang, amparado en la Constitución del 93, reclama las tierras.
2000: El entonces director del INC, Luis Repetto, firma la Resolución N° 749/INC del 05 de julio, que desafecta el terreno de más de 40mil m2, y pasa a manos de Mario Chang Phum.
2000: Otra resolución firmada por el mismo director del INC desafecta un sector de la zona arqueológica de Huaquerones, parte del complejo de Puruchuco, para que la ocupe el AAHH Túpac Amaru.
2001: El Congreso autoriza que el sector oeste del cerro, designado para ser un gran parque público para Lima, pase a manos privadas para levantar el estadio de la U. Se denuncian enormes presiones comerciales e inmobiliarias.
2001: Puruchuco efectivamente se queda sin ninguna zona de amortiguamiento sobre territorio plano.
2001: En enero, el INC declara a Puruchuco Patrimonio Cultural de la Nación, Resolución Directoral N°082. Ese mismo año, la institución rectora recomienda hacer un túnel y no un corte a tajo abierto.
2003: Luis Guillermo Lumbreras, director del INC, firma la resolución 268 del 16 de mayo, que autoriza la ampliación de la Av. Javier Prado a tajo abierto.
2004: El Cerro Mayorazgo es declarado Patrimonio de la Nación (RDN Nº 827/INC-2004).
2011: El alcalde de Ate, Oscar Benavides, lanza con bombos y platillos sus planes para cortar el cerro en dos y dar paso a la continuación de la Av. Javier Prado.
Set. 2011: Artículo de El Comercio deja al descubierto inconsistencias en el manejo del proyecto de ampliación de la Avenida.
Dic. 2011: El ministerio de Cultura decide no autorizar el corte a tajo abierto. Se anuncia la opción de túneles subterráneos.
Jul. 2012: Otro artículo de El Comercio da a conocer que los túneles acordados no serán subterráneos sino prácticamente a nivel del suelo. 
Jul. 2012: El decano del Colegio de Arquitectos del Perú-Lima, José Enrique Arispe, denuncia que “esto dista del compromiso inicial, y de la orden dada por el presidente de la República, que la mitad del túnel iba a penetrar bajo el nivel del suelo”.
Jul. 2012: Jorge Ruiz de Somocurcio, arquitecto y urbanista, declara que con los túneles “pretenden hacernos creer que se está respetando el volumen prehispánico, cuando en realidad lo perfora sin contemplaciones”
Feb. 2013: En entrevista con el entonces ministro de Cultura, Luis Peirano, se refiere a poderosas presiones comerciales para resolver de determinado modo el tema Puruchuco.
Jul. 2013: Peirano deja la cartera y asume Diana Álvarez Calderón, señalando que una de sus prioridades será la recuperación de patrimonio arqueológico, y se compromete a crear alianzas con la empresa privada para esa tarea.
Ago. 2013: Plantón frente al ministerio de Cultura de colectivos de ciudadanos. En los últimos dos años se produce un progresivo aumento de un movimiento patrimonialista, formado por arqueólogos, estudiantes, artistas y sociedad civil en general, que busca la revisión completa de los planes para la construcción de los cuestionados túneles.
Set. 2013: Trabajos de rescate sobre el terreno en el que se construirán los túneles, deja a la luz evidencia arqueológica desconocida hasta el momento. En su mayoría son canales, y se cree que son los primeros sistemas hidráulicos de Lima, de más de 2.000 años de antigüedad.
Oct. 2013: El alcalde de Ate anuncia que, finalmente, en noviembre se empezarán a perforar los túneles, una vez que se termine con el trabajo de rescate arqueológico.

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