Gobierno cede ante inmobiliarias y elimina protección de edificios históricos en todo el país

Casona histórica del Jirón Huallaga 731, demolida recientemente. Foto: Miguel Angel Pozo.

El 10 de octubre de este año, justo días antes del incendio en la Plaza 2 de Mayo, la ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón firmó una resolución que casi pasa desapercibida y que, en opinión de expertos, consuma uno de los mayores atentados contra el patrimonio desde el gobierno.

En la práctica, la Resolución 364 marca el fin de la protección al patrimonio histórico de nuestro país. No están leyendo mal.  Esa es la situación.

Es cierto que esta iniciativa no nace de Cultura. Lo que hace la resolución es cumplir con la norma y lo estipulado en la ley 30230, firmada por el presidente Humala en julio de este año. “Una ley completamente perjudicial para las casonas históricas”, señaló el abogado patrimonialista, Fabricio Valencia, de la consultora Hereditas.

La ley 30230 es la propuesta que tan orondamente lanzó el presidente Humala para estimular la inversión. Es un documento que simplifica procedimientos y permisos, pero el gobierno en lugar de remediar un problema lo convirtió en una auténtica emergencia.

Esta legislación (que pueden ver junto con los otros documentos en los links a pie de página) con precisión quirúrgica lo que hace es eliminar de un artículo de la ley general de patrimonio (22.1) la palabra “previa”. Y así, de un solo plumazo se borra, de manera efectiva, la herramienta más clara que existía para proteger edificios históricos en todo el país.

Era un sistema perverso
Es cierto que el sistema que existía era deficiente, lento y frustrante. Tan solo para conseguir la autorización se exigían 18 requisitos, y algunos de ellos eran un trámite adicional, como obtener certificados de la municipalidad que tomaban meses.

Una vez ingresados, la solicitud podía tardar más de un año o varios. En ocasiones, el resultado final era negativo, no se autorizaba la obra y al final salían perdiendo el dueño, la empresa y la casona misma.

A todas luces el sistema necesitaba una reforma. Con tantos parámetros y supuestos obstáculos cualquier inversión se tornaba un ejercicio en esquizofrenia burocrática. Claro que había que cambiar eso. ¡¡Pero cambiarlo, mejorarlo. No eliminarlo!!

Violación del patrimonio: escalera mecánica en patio de casona histórica. Foto: JL.

Una ley de promoción… de la destrucción
Quizás por ser un documento denso: 67 artículos y varias disposiciones complementarias, lo referido a patrimonio cultural tomó tiempo en identificarse. El texto aparece en el Capítulo IV que se refiere a Disposiciones para facilitar la inversión privada en el sector inmobiliario.

Hasta ahora, el procedimiento tenía dos etapas: la autorización del ministerio de Cultura (que evaluaba el proyecto de la empresa) y el de la municipalidad. A partir de ahora se elimina el primer requisito (la autorización previa del ministerio), y señala que son las llamadas comisiones técnicas de cada municipalidad (que en muchas partes del país no existen) las que decidirán si un proyecto va o no va.

Para Alberto Martorell, presidente de ICOMOS Perú – organización mundial pro defensa del patrimonio y que tiene categoría de consultora para la UNESCO –sorprende que esto venga de una organización que “debe proteger, porque se convierte en una excusa para la destrucción”.

Lo que se viene
A partir de ahora qué cosas pueden suceder con las casonas, edificios y bienes históricos:

- Podrán demoler parcialmente si lo necesitan
- Podrán demoler completamente, en casos que no sean monumentos
- Se podrán destinar a usos que el empresario decida darle
- Se podrán alterar fachadas
- Usarán distintas alturas
- Se podrá usar concreto armado, porque es más rápido y barato
- Podrán hacer prácticamente lo que les dé la gana con bienes históricos, porque no habrá nadie que vea el proyecto antes que lo ejecuten.

No nos rasgamos las vestiduras. Mucho de esto ya se hacía. Pero infringían la ley. Algunos horrores se evitaron y otros no. A partir de ahora, no habrá nada que los evite y los horrores, potencialmente, se van a multiplicar por todos lados.

¿Alguien piensa que esto es una exageración? Vaya por Barrios Altos. Ahí, en los últimos cinco años, empresarios informales han venido levantando depósitos ilegales en propiedades históricas, destruyendo un área aproximada del 30%.

Esto, evidentemente, es una escandalosa falta de autoridad y de capacidad fiscalizadora. ¿Por qué no se reforzó esto? ¿Por qué se termina validando la destrucción? Difícil de creerlo.

Barrios Altos.  Comparación sobre el aumento de depósitos ilegales, hecha en el blog limamalalima.wordpress.com

Las consecuencias

Es verdad que en el papel queda estipulado que si alguien procede contra las normas, el ministerio puede cancelar o paralizar una obra (art. 22.3 y 22.4), pero ante la evidente pérdida de autoridad que significan la cuestionada ley y la resolución, esto será letra muerta.

“Es un error gravísimo”, me comentó un importante funcionario del ministerio a condición de mantener su anonimato. Según dijo, aumentará la demolición de inmuebles (como acabamos de ver estos días en el jirón Huallaga 731 - foto al inicio de esta nota). “No se podrán tirar abajo los que han sido declarados monumentos pero sí la mayoría de edificios del Centro Histórico, que tienen valor monumental”, dijo.

¿Qué consecuencia tiene eso? En el caso del Centro Histórico de Lima, patrimonio cultural de la humanidad, no solo una tremenda pérdida de autenticidad y la creación de un escenario de cuestionable calidad histórica, sino que potencialmente está yendo en contra de los valores y requisitos de un patrimonio mundial.

Como comentó en otra entrevista Carlos Castillo, presidente de EMILIMA, en relación a la hoy llamada Ley Coca Cola, el ex ministro de Economía Luis Miguel Castilla creía que eliminar el pago de tasas inmobiliarias a las empresas iba a servir como estímulo, cuando en realidad “es la recuperación del Centro Histórico lo que reactiva la economía” aseguró, mostrando cifras de más de 100 millones de soles en un solo año en las empresas del peatonalizado jirón Ica-Ucayali.

No es de extrañar que varios blogs tengan nostalgia del pasado, con la percepción de que
entonces se protegía mejor. Aquí Cdra. 2 del Jirón Callao, con 150 años de diferencia.
Imagen: Lima la Única - Jorge Huamán.

Reflexiones finales
Me sigue costando trabajo aceptar que las autoridades de un país con el valor cultural como el nuestro atente de este modo contra nuestra propia herencia, por un supuesto beneficio inmediatista. La ministra, hasta donde sé, no cumplió con su obligación de defender el patrimonio. Ella fue consultada para esta nota pero no contestó el mensaje.

En el pasado también hubo intentos de aplicar leyes o cambiar reglamentos y las autoridades del momento o emitían informes técnicos que los anulaban, o se trataba de negociar una salida que no lleve a la situación en la que nos encontramos ahora.

En lugar de promover medidas para corregir errores y fortalecer su gestión, lo que esta ley y esta resolución hacen es legitimar la falta de respeto al patrimonio. No mejora la inversión. La envilece. 

¿Y por qué importa? 
Porque no solo es un tema de identidad y de vivir en el pasado. Es un tema de desarrollo, de futuro, de visión. ¿Qué pasará en 30 años cuando ya no haya minerales? ¿En qué sustentaremos nuestra economía? La respuesta debería ser: en nuestra riqueza patrimonial.

El gran enemigo aquí, en palabras de Fabricio Valencia, es que esto viene “de políticos y empresarios que ven el patrimonio como obstáculo”. Ceguera más suicida seguramente no existe en este campo. 

Las normas que se han dado en los últimos dos años, como los DS 054 y 060 que afectan los bienes arqueológicos, no hacen más que permitir la destrucción del patrimonio, y dejar en evidencia un gobierno y unas autoridades de Cultura que no saben responder a las exigencias de su protección. 

¿Qué hacemos los ciudadanos si el gobierno y las autoridades no lo hacen? ¿Qué dirán los medios? Nuestro patrimonio es futuro, y ese futuro nos toca proteger.

Hace falta claridad y determinación para proteger el patrimonio.  Foto: David Pino.

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Links 
Para ver la Ley 30230 haga clic aquí
Para ver la Resolución 364 haga clic aquí.
Ley general de Patrimonio: haga clic aquí.