Ministerio de Cultura acusa a la Municipalidad de Lima por ley que afecta al patrimonio

Acta de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML, del 22 de julio 2014, que según MINCUL autoriza controvertida demolición en casona del Jr. Huallaga 731.

En unas sorprendentes declaraciones el Viceministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, limpia a su sector de toda responsabilidad y señala, en los términos más claros, que la cuestionada medida que afecta al patrimonio histórico del país (Cap. IV de la ley 30230 y la Res. 364), fue iniciativa de la Municipalidad de Lima. Más precisamente, según Castillo, de PROLIMA, la oficina del Centro Histórico de la capital. En una palabra, el patrimonio se volvió una pelota de tenis. 

Por su parte, la alcaldesa Susana Villarán rechazó la acusación. En comunicación por email dijo: “Es falso. Nosotros pedimos siempre una flexibilización en algunos engorrosos y absurdos trámites (…). Nada de eso ha funcionado. Queremos inversión privada en el millón y medio de metros abandonados a su suerte por las normas y barreras absurdas pero no destrucción. La RS es un arma para destruir, no una flexibilización y adaptación, que es lo que siempre solicitamos”.

Si algo queda claro es la tremenda confusión que existe frente al alcance de las nuevas normas. Según el ministerio, estas no le han quitado a Cultura la capacidad de autorizar ’previo’ al inicio de obras, una posición que cuestionan arquitectos y abogados patrimonialistas. Por ahora, ambos lados interpretan el texto porque no ha quedado claramente establecido.

El viceministro insiste en que hoy, como nunca, se está haciendo más para proteger nuestra herencia. Lo verdaderamente preocupante es enterarnos que nuestro patrimonio está siendo manejado directamente desde el Ministerio de Economía. Esto, de por sí, ya pone a todo nuestro legado de 5.000 años de civilización, uno de los más ricos del planeta y nuestro recurso económico a futuro, en una verdadera situación de vulnerabilidad. Aquí la entrevista.

Viceministro de Cultura - área de Patrimonio, Luis Jaime Castillo. Foto: JL.

¿Por qué aprobaron esta controvertida norma?
Esta reforma la venía peleando la Municipalidad de Lima desde hace un tiempo, y mi posición era que nosotros no podíamos transferirles competencias que son por ley del ministerio de Cultura, porque Lima no es la única municipalidad.

¿Quiere decir que el texto no pasó por Cultura?
No. Pasó de frente al MEF. No se cómo lo hicieron ni cómo llegaron a Economía, pero ciertamente en la norma se plasmó lo que quería la Municipalidad de Lima. El ministerio no reaccionó porque si bien la norma elimina la palabra ‘previa’ no elimina la autorización de Cultura para aprobar cualquier proyecto.

No es una aprobación obligatoria
Claro que sí.

Justamente la eliminación de la palabra ‘previa’ cambia el balance de poder
Pero no le quita la protección al inmueble. Además “autorización” por definición es previa. No se puede autorizar nada a posteriori. Y si tú te bajas una casona te expones a que te meta preso por destruir el patrimonio.

Por el lado de simplificar, simplifica, no cabe duda. ¿Pero están convencidos que esta medida le da el mensaje a los empresarios que el patrimonio se respeta?
No te puedo decir si sí o no. Yo creo que el problema del respeto tiene que ver también con la eficiencia. Y no solo empresarios, también hablamos de ciudadanos de a pie que querían hacer modificaciones a su propiedad y no podían.

Son ciudadanos como el del Jr. Huallaga 731, para quien el patrimonio es un obstáculo y lo demolió completamente
Con el apoyo de quién: de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML, que autorizó esa demolición en julio de este año [copia de la aprobación firmada al inicio de esta nota] con la firma de PROLIMA y la oposición del ministerio de Cultura, después de varios años en los que el ministerio se opuso, hasta el momento que un juez ordenó que se desmonumentalice la propiedad.

¿Tan frágil es nuestra legislación frente al patrimonio que un juez puede pedir eso?
Si un juez dice ‘ya no es monumento’, ya no lo es, y después el golpe de gracia vino de la Municipalidad de Lima, que tanto pedía estas atribuciones supuestamente para proteger mejor, y no lo hizo. Autorizó su demolición cuando esa casa era completamente recuperable.

Jirón Huallaga 731-745. Vivienda histórica demolida en el Centro Histórico, en octubre 2014.
Foto: Miguel Angel Pozo.

Pero en general existe la impresión que es el ministerio de Cultura el que no está protegiendo nuestras huacas y casonas
Estamos viviendo una época que como nunca hay obras de infraestructura por todos lados. Nunca la autoridad de cultura se enfrentó a carreteras por todo el país, electrificación por todo el país, construcciones, gaseoductos… y esa presión de la expansión del país efectivamente da la impresión que se está vulnerando.

Cuando no pasaba nada con la economía, tampoco pasaba nada con el patrimonio
Mi impresión es que paralelamente nunca hemos tenido tanto dinero para hacer investigación arqueológica, puesta en valor; nunca hemos tenido el dinero para hacer el mapeo completo del Qhapaq Ñan, bases de datos, etc. El ministerio es 10 veces lo que era el INC. Entonces esa es la paradoja, que cuando más se está haciendo para proteger el patrimonio la gente cree que es lo contrario.

Esta norma le da poder sobre el patrimonio a los municipios del país. Sin embargo, he visto en Iquitos, Huaraz, Barranca, Juli, Tarma y muchos lugares, cómo los mismos municipios han destruido sus plazas de armas y centros históricos
Pero quién ha denunciado la estatua en la plaza de armas de Cusco; quién ha defendido las palmeras en Chincha… Nosotros nos peleamos, pero muchas veces nuestro peor enemigo son las municipalidades, que quieren hacer lo que les da la gana.

Si esto es así, ¡sobre qué base deciden pasar toda la autoridad de la protección de patrimonio a las municipalidades!
Eso hay que preguntárselo a PROLIMA y la Municipalidad de Lima que, aparentemente, es la que promovió esta norma.

Hace unos años un alcalde de Iquitos demolió el edificio histórico de la Municipalidad.
Hubo protestas de los vecinos y de las autoridades de Cultura.
Pero el daño ya había sido consumado. Foto: JL.

Pero ustedes podían emitir una opinión técnica. De oponerse si les parecía mal. Por qué no lo hicieron.
Esta norma cuando llegó aquí ya estaba aprobada. Por otro lado, todavía tenemos que ver si esta transferencia de responsabilidades a las municipalidades puede dar resultados o no. Si no da el resultado esperado habrá que tratar de ajustarlas. Y más importante aún, el ministerio tiene derecho a veto. El ministerio puede parar cualquier proyecto.

No en Lima, donde el ministerio de Cultura es una voz más y no tiene derecho a veto.
Claro que sí. Está en la ley: se requiere la autorización del ministerio de Cultura.

No es la impresión que existe. La opinión del ministerio va a ser una más.
Te leo lo que dice la ley….

Pero los otros lo interpretan de distinta manera
Lo interpretan así pero apenas autoricen algo con lo que no estamos de acuerdo, los vamos a procesar.

Eso es verdad, pero todo el poder del ministerio queda a posteriori, cuando ya se hayan perdido muchas cosas
Eso no puede suceder si el ministerio no ha autorizado. Y si el ministerio no está presente, tampoco procede. En este nuevo escenario, todos tenemos voz, todos tenemos voto, pero el nuestro es indispensable.

¿Están en condiciones de hacer frente a las exigencias de eficiencia y rapidez?
En el caso de arqueología, para los CIRAS, hemos pedido 15 millones de soles más para contratar más arqueólogos.

¿Se los dieron?
Por supuesto. Y este otro caso, de los bienes históricos, va a generar un gasto adicional de 5 a 8 millones de soles para poder atenderlo en todo el país. Lo que sí tengo que decir es que si tenemos que evaluar expedientes según el estándar de la norma, que son cinco días, no vamos a poder hacerlo. Lo haremos en el tiempo que nos tome hacerlo bien, y lo haremos en un tiempo prudencial. Lo fundamental es que en las comisiones tenemos el voto definitivo.

Insisto, esa es una interpretación del ministerio. La ley no lo especifica
El fondo del asunto es ¿tenemos la capacidad para atender todas las municipalidades en todo el país? No. No la tenemos y para eso necesitamos recursos adicionales, que estamos peleando. ¿Y podemos resolver todos los casos que se presenten en el tiempo tan corto que nos plantea la norma? Tampoco podemos. Tendremos que hacerlo a la mayor brevedad posible y sin sacrificar la integridad del patrimonio.

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