Tendencia ciudadana: querer a Lima

De repente no es de extrañar. Ante una conducta abiertamente irresponsable de un sector empresarial, que viene gozando de impunidad mientras destruye patrimonio de todos los limeños; mientras las autoridades responsables se hacen de la vista gorda ante esta pérdida de patrimonio; mientras el Estado no hace respetar la riqueza de todos los peruanos, somos los mismos peruanos, ciudadanos de a pie, los que estamos dando el ejemplo.

O los ejemplos, debería decir en plural. En los últimos cinco años en las redes sociales se han creado cerca de 20 páginas dedicadas a Lima y a la protección de patrimonio. Hay algunas muy populares como Lima la Única o Lima Antigua, y todos van acumulando un interés: salvar nuestra ciudad.

Y no solo es lo virtual. En este periodo también han surgido grupos ciudadanos que, desde sus propios intereses, están buscando una relación más armoniosa entre ciudad, desarrollo e identidad. Ahí tenemos a Salvemos las Huacas o el Círculo de Ciclistas Protectores de las Huacas, con sus rutas para recorrer varios sitios arqueológicos, a la vez que llaman la atención sobre su estado de conservación.

A nivel de colegios y entre los más jóvenes hay una nueva preocupación por lo que es suyo, alimentados por buenos profesores, como son el Bertold Brecht, en San Juan de Lurigancho, o el Instituto Ichma.

Por suerte, son ejemplos que están creciendo. No es de extrañar que de cara al Bicentenario sea la mirada hacia nosotros y lo que nos define (en buena medida, nuestro patrimonio arquitectónico) lo que vaya a convertirse cada vez en una mayor tendencia y, ojalá, en un gran movimiento ciudadano.

Para dar una lista más específica de generación de puentes con las autoridades, invitamos a Herbert Rodríguez, artista plástico y activista por la cultura, para que comente algunos pasos que se han venido dando en las últimas semanas.

Patrimonio en Riesgo
Tres eventos se han dado en meses recientes: el 26 de agosto, en la Sala Porras Barrenechea del Congreso, se llevó a cabo el Conversatorio “Control Ciudadano para un buen gobierno municipal”, organizado por el despacho del congresista Daniel Abugattás Majluf (NGP), en coordinación con la Asociación de Ciudadanos de Lince (ASOCIL).

Fue una extensa jornada, de 8.30 am. a 1.30 pm., donde se informó de los casos de Parques en los distritos de Lince, Jesús María (Los Próceres) y Miraflores (Kennedy); el caso de Huaca Puruchuco en Ate, y el caso de Edificio Aquamarina (apropiación ilícita de terreno municipal en acantilado en Barranco).

Dentro de la nutrida programación la Dra. Mayen Ugarte habló sobre “Retos y Agenda para una gestión local eficiente” y el Procurador General de la República expuso acerca de “Mecanismos de control y supervisión de la gestión local”. Hubo breves momentos en que el público intervino con preguntas y testimonios.

El jueves 6 de noviembre CAPAC PERÚ (Coordinadora de Activistas del Patrimonio Ambiental y Cultural) entregó a la Ministra de Cultura Álvarez Calderón –vía Mesa de Partes- el MEMORIAL y CARTA ABIERTA, DETENGAMOS LA DESTRUCCIÓN DE HUACA PURUCHUCO, con 169 adhesiones de ciudadanos recibidas virtualmente (Carta se publicó como Nota en Página Facebook de CAPAC el 13 de octubre).

El viernes 7 de noviembre, en la Sala Taulichusco del Museo Metropolitano de Lima, se dio el Encuentro: Lima, Patrimonio en Riesgo. David Pino (Lima la Única) hizo una sintética revisión de algunos recientes casos de atentados al Patrimonio Cultural; Daniel Oporto habló sobre "Mecanismos de participación ciudadana en la defensa del patrimonio cultural".

Por su parte, el Dr. Fabricio Valencia dio la charla "El tratamiento Jurídico del Patrimonio Cultural - Casos prácticos", y Herbert Rodríguez expuso la relación entre Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible; además, hubo un momento en que el público pudo opinar y expresar sus preocupaciones por el patrimonio.

Al finalizar el Encuentro Anahí Vásquez de Velasco dio lectura al “Petitorio y Propuestas por Nuestro Patrimonio"(el cual Anahí entregó al Despacho Presidencial el 10 de noviembre, Expediente 14-022617, Clave FZWR).

Éstas iniciativas surgen desde la sociedad civil, son manifestación de preocupación de ciudadanos por lo que sin ambages puede llamarse el drama del patrimonio desprotegido que viene siendo destruido en Lima y el Perú.

Llamo la atención sobre la consistencia de la preocupación: No se trata de una reacción emocional de un día. Es una perseverante lucha que lleva meses y que, por la nula respuesta desde las instituciones –sea Ministerio de Cultura, Gerencia de Cultura de municipio limeño, Poder Judicial, Comisión de Patrimonio del Congreso, entre otros¬– va sumando día con día ya no solo alarma si no indignación.

Un reciente artículo del Blog Lima Milenaria (“Gobierno cede ante inmobiliarias y elimina protección de edificios históricos en todo el país”) puso en evidencia, una vez más, la distancia entre lo que dice el discurso oficial (“el desarrollo económico y el patrimonio cultural son un binomio fundamental en la consolidación de la nación”, Ministerio de Cultura informará sobre los alcances y aplicaciones del nuevo Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA))(*) y lo que sucede en la realidad: OCTUBRE 2014, VIVIENDA HISTÓRICA DEMOLIDA EN EL CENTRO HISTÓRICO, JIRÓN HUALLAGA 731-745.

A esto hay que añadirle recientes destapes de mafias en la especulación de terrenos y propiedades, como la de Rodolfo Orellana Rengifo; policía, fiscales, jueces, funcionarios de la SUNARP, alcaldes, presidentes regionales, congresistas, periodistas, otros, se compran-se venden.

Ante esto, ¿cuál es la confianza de ciudadanos hacia las instituciones que deben proteger el patrimonio? Defensores de patrimonio no cejarán en su esfuerzos… ¿serán escuchados… habrá Justicia?; ¿cuál es el escenario que se abre cuando las instituciones se muestran ineficaces para proteger legado cultural?

Fotos:
- Introducción: Salvemos las Huacas
- Texto: Herbert Rodríguez

(*) Ministerio de Cultura informará sobre los alcances y aplicaciones del nuevo Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA)

Primer Monumento Histórico demolido tras controvertida Ley 30230

Fachada del Jr. Huallaga, 731 al 745, Monumento de la Nación, hace unos meses.

Se veía venir. Si bien en las últimas semanas ya sabíamos de la demolición de la histórica vivienda en la cuadra siete del jirón Huallaga, no fue hasta poner esta acción en el contexto de la norma legal que podemos concluir que, efectivamente, se trata del primer monumento de la nación que se demuele tras la entrada en vigencia de la Ley 30230 de estímulo a la inversión privada.

Es posible que las autoridades señalen que se trató de una simple coincidencia. Pero antes de que se publicara la ley todavía existía la condición de autorización “previa” del ministerio de Cultura a cualquier intervención en bienes históricos. Al eliminarse esa condición, y dado el contexto legal en que se encontraba la propiedad, la acción fue inmediata.

El ministerio de Cultura dirá que ahí ya no se podía hacer nada porque había una orden de demolición. Esa es una perversión del sistema que debe corregirse.

Que un juez, sin formación alguna en este campo, pueda decidir cuándo uno de nuestros monumentos deja de serlo, es un elemento que vulnera todo el patrimonio del país. Para hacer la situación más grave, la decisión judicial afecta un bien de toda la nación en beneficio de un empresario, con fines puramente comerciales.

Estado de conservación del primer patio de la casona.

Y es aquí cuando los excesos del mercado adquieren su rostro más grotesco. La presión que viene del Mercado Central va avanzando con la destrucción de patrimonio en Barrios Altos y zonas aledañas. El terreno en cuestión, de unos mil metros cuadrados, tiene un valor de unos tres millones de dólares.

¿Qué se está haciendo para equilibrar la balanza? Hoy tenemos la primera propiedad demolida bajo la vigencia de la nueva ley. ¿Cuántas más caerán?

Fueron nueve años de procesos judiciales y el ministerio, al final, no pudo proteger un monumento. Varias fuentes acusan al propietario, Ricardo Wong Kuoman, de haber acelerado extrañamente una serie de procesos, pero no existen pruebas para ello.

En todo caso el mismo Wong Kuoman es un personaje controvertido. En su momento, este hijo de inmigrantes chinos fue un mega importador de material pirotécnico. En el 2002 fue vinculado, y absuelto, del incendio de Mesa Redonda ocurrido en diciembre del año anterior, en el que murieron 277 personas. En 2006 fue candidato presidencial y se presenta como empresario constructor. Hoy, debe sentirse un empresario poderoso.

Ricardo Wong Kuoman, tomado de un video autopromocional en YouTube.

Aquí por primera vez se presenta una cronología básica de la historia de esta propiedad y del litigio que llevó a su destrucción. Una lectura detallada nos da una idea más clara que la debilidad institucional que existe para la protección de nuestro patrimonio fue determinante en su destrucción.

Para ello conté con tres fuentes importantes:

• Documentos oficiales cedidos por un funcionario del ministerio de Cultura, que pidió mantener su anonimato.
• Copia del informe preliminar de la arquitecta Patricia Días, directora de PROLIMA quien hace nueve años, como profesional independiente, trabajó para Ricardo Wong.
• Información oficial disponible en internet.

Es necesario aclarar que al preguntarle a la arquitecta Días por un posible conflicto de intereses, ella fue contundente en señalar que “luego de la decisión del INC de rechazar el proyecto y después de enterarme que Wong había decidido demoler la casa, renuncié oficialmente al proyecto. No iba a sacarle al dueño una licencia para demoler”.

Para mí la pregunta que queda en el aire rancio de esta mala negociación es: ¿Quién o qué es responsable? Hemos perdido un monumento, y no pasa nada?

Aquí la cronología, que también por primera vez muestra imágenes interiores de esa vivienda única.

Vista del primer patio desde la entrada.

CRONOLOGÍA:

Siglo XVII: Predio forma parte del Colegio y Convento de Santo Tomás, que posee el único claustro circular del país y uno de los pocos que quedan en América.

Siglo XIX: Predio sufre una serie de modificaciones y adaptaciones a vivienda familiar.

1980: INC prepara expediente de la casona: “testimonio singular de la arquitectura colonial y republicana de Lima (…) y mantiene sus valores arquitectónicos, históricos, urbanísticos, a pesar del deterioro; situación que puede ser revertida con una adecuada restauración”.

1980-julio: Predio es declarado Monumento mediante la RM Nº 0928-80-ED.

1997: Se produce un incendio en la zona derecha del patio principal.

1998: Resolución de Alcaldía N° 3758-1998, la declara Finca Ruinosa.

2003: Decreto de Alcaldía N° 161, la declara en riesgo de colapso.

2005: Ricardo Wong Kuoman, compra la propiedad y decide construir una galería comercial. Solicita al INC el retiro de la condición de bien cultural del inmueble.

2005-noviembre: INC ajusta la protección, al otorgar al inmueble la calificación de “Primer Orden” (Certificado 030-2005-P). Esta se da a “inmuebles altamente representativos de una época histórica, que se caracteriza por contener indiscutibles calidades arquitectónicas…”.

2005: Anteproyecto de la arquitecta Patricia Días, a nombre de su cliente Ricardo Wong, incluye párrafos:

• Daños severos a la estructura del inmueble.
• Un problema muy serio de seguridad para estas personas.
• Muchas áreas tienen un alto riesgo de colapso.
• Se plantea la conservación del inmueble en la zona principal (primer patio)
• (Sobre el segundo patio:) Se plantea la demolición de esta zona (…) a fin de permitir la incorporación de obra nueva que posibilite un uso racional del inmueble.

2006-febrero: INC declara improcedente el pedido (RDN Nº 173/INC, 3 de febrero), y dispone que el propietario es responsable de la conservación (art.3). Además, se pidió un proyecto de restauración e intervención integral del bien (art.2).

2006-marzo: Santa Catalina SAC demanda al INC (Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo) por rechazar su solicitud.

2006: La empresa presenta el informe de un ingeniero, sin ninguna formación en estructuras históricas, el que concluye que la vivienda no se puede recuperar y que tiene que demolerse. Varias fuentes indican que de eso se vale el poder judicial para ordenar su demolición.

Sector del segundo patio.

2009-junio: El Sexto Juzgado Especializado declara fundada la demanda (Resolución Nº 18, 8 de junio). Ordena al INC que retire la condición de Patrimonio Cultural de la Nación al inmueble citado, y deje sin efecto los artículos 2º y 3º de la resolución 173.

2011-enero: En segunda instancia judicial (Resolución Nº 12, 20 de enero), se confirma la sentencia anterior.

2012-marzo: El 22 de marzo la Corte Suprema (Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente) declara infundado el recurso de anulación de sentencia interpuesto por el ministerio de Cultura y confirma las sentencias previas.

2012-junio: Ministerio de Cultura acata lo dispuesto y retira la condición de bien integrante del Patrimonio Cultural al inmueble.

2012-julio: Juzgado considera que esto no cumple con el mandato judicial, “desaprueba” decisión del ministerio y por resolución 23 ordena retirar la condición cultural y declarar que no existe responsabilidad de los administrados por no haber realizado acciones preventivas de seguridad.

2012-julio: Informe Técnico 952, de la arquitecta María Eugenia Córdova, de la Dirección de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano del ministerio de Cultura, incluye párrafos:

• La sentencia del 8 junio 2009, señala que no es posible la rehabilitación del inmueble por ser esta muy costosa y sobre todo por “no resolvería el tema de la seguridad para sus ocupantes”.
• Dicha aseveración resulta totalmente subjetiva y carente de sustento real, toda vez que el factor económico no puede ni debe constituir un condicionante para solicitar o justificar una demolición, o el retiro de la condición de cultural de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, cuyo valor es incalculable…”
• Es importante señalar que si bien el inmueble presenta deterioro generalizado debido a la falta de mantenimiento, los sectores con daños de importancia constituyen un pequeño porcentaje del inmueble y no presentan la condición de colapso inminente…

2013-abril: La Procuraduría Pública del ministerio de Cultura apela la resolución judicial. En tanto, el predio mantiene la condición de bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, y no puede intervenirse en él sin la (previa) autorización del Ministerio de Cultura.

2013: Ministerio de Cultura invoca a las autoridades judiciales y al propietario a contribuir con la preservación del inmueble. Su pérdida, dice un comunicado, significaría un inmenso atentado contra el Patrimonio Cultural de la Nación y de la Humanidad, al formar parte del Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO.



Casona, historia, memoria, monumento, demolidos el 22 de octubre. Foto: Miguel Angel Pozo.

2014-enero: Informe del 23 enero, de David de Lambarri, entonces Director de Patrimonio Histórico del ministerio de Cultura, al Fiscal Adjunto de la 12ª Fiscalía Provincial de Lima. Incluye párrafo:

• El inmueble no solo es patrimonio cultural de la nación sino además, un bien de Primer Orden. “No se trata de un inmueble cualquiera, sino de uno altamente representativo y valioso para la sociedad”

Mayo: David de Lambarri es cesado de sus funciones en el ministerio de Cultura.

22 julio: Municipalidad de Lima aprueba demolición del inmueble.

28 julio: Presidente Ollanta Humala aprueba la Ley 30230, de simplificación de trámites para el estímulo de la inversión privada. En el capítulo IV, de estímulo a la inversión inmobiliaria, se elimina la autorización previa del ministerio de Cultura para intervenir todo bien histórico (post 1532).

10 octubre: Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, firma resolución 364 que adecúa procedimientos internos a lo estipulado en la ley 30230.

16 octubre: Incendio de casona en la Plaza Dos de Mayo.

22 octubre: Casona del Jr. Huallaga 731-745 es finalmente demolida.

12 noviembre: Patricia Días, hoy directora de PROLIMA, la Oficina del Centro Histórico, declara en entrevista con este blog que la demolición “ha sentado un precedente gravísimo”.

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Haga clic aquí para ver una galería de imágenes de la casona antes de la demolición.
 

PROLIMA: "No existe una política para el Centro Histórico. Es urgente el compromiso del Estado"

"Balcón de antaño, balcón florido, balcón limeño (...) Balcón, dile que sufro.." (vals). Foto: Alessandro Currarino.

Si algo me queda claro de las entrevistas de las últimas semanas es la alarmante fragilidad en la que día a día va sobreviviendo el Centro Histórico de Lima. Y no me refiero a sus estructuras. Es la fragilidad institucional, que incluye a todos los que tienen que ver con su gestión y que está contribuyendo directamente a su progresiva destrucción.

En esta conversación con Patricia Días, directora de PROLIMA quedan en evidencia varias cosas: el reducido papel en el que ha quedado ahora el ministerio de Cultura; la completa desvinculación del Congreso del país; la presión generada por las mafias de comerciantes ilegales; y la peligrosa debilidad generada por un paisaje legal que no fortalece sino debilita su gestión, como la dificultad para demoler depósitos ilegales con la rapidez necesaria.

PROLIMA es la Oficina del Centro Histórico.  En teoría es el corazón y el cerebro de la gestión. Pero luego están EMILIMA, que ejecuta, y una serie de organismos más que está involucrados  de una manera u otra, sin una sola autoridad que las dirija.

Si estamos interesados en salvar este centro, que el mundo entero en su momento reconoció como algo lo suficientemente valioso como para declararlo Patrimonio Cultural de la Humanidad, necesitamos tomar medidas concretas.  Se necesita una participación del Estado y que el Congreso despierte y trabaje seriamente en fórmulas inteligentes para recuperarlo.

Patricia Días Velarde, arquitecta y directora de PROLIMA, la Oficina del Centro Histórico. Foto: JL.

¿Por qué la modificación a la ley de patrimonio es una oportunidad para el Centro Histórico (CH) de Lima?*
Esto lo veníamos buscando desde hace mucho tiempo. No se trata de desplazar al Ministerio de Cultura (MC) sino de incorporarlos y trabajar juntos. Lo que ha hecho esta ley es que el MC no tenga una opinión previa. Lo cual no quiere decir que no tenga opinión.

La opinión la tiene ahora dentro de la Comisión de la Municipalidad
Dentro de la Comisión, así es.

¿Quiénes integran la Comisión?
La preside PROLIMA como representante del Alcalde, que en este caso soy yo. Y dos representantes del Colegio de Arquitectos. A esto se añade un delegado ad-hoc del MC y un delegado ad-hoc de Indeci (Defensa Civil). Somos la comisión que ve todo el CH.

¿Quiénes tienen voto en la Comisión?
El Colegio de Arquitectos y el presidente, PROLIMA. Los delegados ad-hoc no tienen voto. Pueden tener voz pero no voto.

O sea el MC no tiene capacidad de veto
Por ser delegado ad-hoc puede opinar pero su opinión puede ser tomada en cuenta o no. Muchas veces el MC se opone y lo que hacemos es respaldarlo.

Entonces por qué es buena esta medida para el CH
Es buena porque se han reducido tremendamente los tiempos de revisión de proyectos y promueve la inversión privada. Antes podía tomar meses y en muchos casos años, con lo cual cualquier proceso de inversión dentro de los CH se caía rapidísimo.

¿Qué pasa si entra un Alcalde que no tiene interés en una recuperación seria del CH? ¿Puede a influir a través de quien esté en PROLIMA?
Claro.

O sea que no están quedando los candados suficientemente fuertes como para evitar una mala gestión del CH
Pero no estamos hablando solamente del CH de Lima. Estamos hablando de todo el patrimonio a nivel nacional.

A nivel nacional me parece peor todavía…
Necesariamente tiene que haber una relación muy estrecha entre las municipalidades y MC. El proceso que se ha venido dando era solo a través del MC, y por eso muchos monumentos se han venido perdiendo, porque es imposible que esto se vea solamente desde el ámbito del MC.

En el último año, ¿cuántos proyectos han aprobado y cuántos han rechazado?
Antes de esta norma veíamos un promedio de cinco proyectos a la semana. A partir de esta norma, desde julio, estamos viendo alrededor unos 12.

¿Y el porcentaje de aprobación?
Tenemos un porcentaje muy alto de desaprobación de proyectos. Un 60-70%.

Tengo entendido que la mayoría de arquitectos que presentan proyectos para intervenir bienes históricos no tienen formación en ese campo, por lo que sus proyectos no son buenos
Así es. No tienen idea. Son proyectos muy malos.

¿Cómo se lidia con esa situación?
Cuando el proyecto involucra un bien histórico se les deriva a PROLIMA, para que reciban toda la asesoría técnica.

Barrios Altos y los depósitos: ¿quién es responsable de esa destrucción?
Hay un tema de mafias de tráfico de tierras muy fuerte. Hay una presión tanto de Gamarra como del Mercado Central y …

Pero en nuestras narices vienen construyendo depósitos,  destruyendo bienes históricos. ¿Quién es responsable de evitar que eso suceda?
El responsable en realidad debería ser el municipio, pero no tiene las armas legales para hacerlo. La municipalidad tiene procesos legales muy largos. Se clausura y lo vuelven a abrir…

¿Por qué no se pueden demoler?
Porque tienes que pasar por un proceso legal muy largo. Y eso lo sabe la gente. Es muy difícil combatir esta situación por la ley.

Y la demolición de la casona de Huallaga 731…
No solamente hemos perdido una importante pieza histórica sino que se ha sentado un precedente que puede ser gravísimo.

Un gran problema ahí fue la decisión de un juez de desmonumentalizar la propiedad, ¡que era un bien histórico declarado monumento! 
Este es un tema de una gran debilidad institucional porque el Poder Judicial jamás debió decirle al MC que desmonumentalice una propiedad. Y el ministerio no supo defender sus fueros. El único que puede decidir en el país qué es monumento y qué no lo es, debería ser el ministerio de Cultura.

[En las próximas semanas tendremos un reporte más detallado sobre esta casona demolida]

Esto evidencia una gestión desordenada del Centro Histórico de Lima. Varios expertos insisten en crear una única autoridad única e independiente…
Totalmente de acuerdo.

¿Por qué no se está trabajando en esa dirección?
Porque no hay una política para nuestros centros históricos. Si ves cómo se han trabajado otros centros históricos de América Latina, los únicos que han salido adelante son aquellos donde hay una intervención directa del Estado. El municipio solo no puede, es imposible porque hay que dictar muchas normas, aprobar incentivos…

Urge un papel más activo del Congreso…
Sí, debería estar metido el Congreso y todo el Estado. No solo con Lima sino de todo el país.

¿Qué relación tiene PROLIMA con la Comisión de Patrimonio del Congreso?
Ninguna.

¿Han intentado establecer puentes?
Hemos ido una vez a sustentar una propuesta. Nos dijeron ‘sí, los vamos a apoyar’, y no hubo más comunicación. Si te das cuenta, no hay un interés real en nuestro patrimonio.

Lo que veo es que no existe una relación fluida entre las principales instituciones que tienen que ver con el CH
Aquí tienen que ver muchos participantes. El CH también es una ciudad, en permanente cambio, movimiento. Pensar que todo esto un gran monumento es absurdo porque el tema va más allá del patrimonio. Es un tema de ciudad. Tiene que ver con transporte, con vivienda, con medio ambiente, y no solamente patrimonio. El Centro Histórico debe verse de manera integral y no por pedacitos, como se ha venido dando.

¿Cree que esta modificación hecha a la ley es lo mejor que le ha podido pasar al CH de Lima?
No sé si lo mejor pero ayuda. Es un granito de arena para decirle al inversionista, ‘ya no tienes que pasar un calvario para sacar tu proyecto adelante’. Pero que a partir de ahora en adelante el patrimonio se vaya a recuperar, yo lo dudo.

¿Qué pasa ahora?
Lo que hay que hacer ahora es trabajar de manera conjunta, trabajar con las municipalidades, acercarse a los nuevos alcaldes y proponerles convenios para salvar el patrimonio. Hay un trabajo que hacer también con la población, porque si hoy quieren construir como en Miami es porque no hay identidad, y ven el patrimonio como un obstáculo, una molestia. Hay que trabajar para que sientan que el patrimonio es suyo.

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* La modificación apareció en la Ley 30230 de estímulo a la inversión privada, discutida en los últimos dos posts de este blog, y que elimina la autorización previa del ministerio de Cultura a los proyectos de intervención en bienes históricos en todo el país.

Ministerio de Cultura acusa a la Municipalidad de Lima por ley que afecta al patrimonio

Acta de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML, del 22 de julio 2014, que según MINCUL autoriza controvertida demolición en casona del Jr. Huallaga 731.

En unas sorprendentes declaraciones el Viceministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, limpia a su sector de toda responsabilidad y señala, en los términos más claros, que la cuestionada medida que afecta al patrimonio histórico del país (Cap. IV de la ley 30230 y la Res. 364), fue iniciativa de la Municipalidad de Lima. Más precisamente, según Castillo, de PROLIMA, la oficina del Centro Histórico de la capital. En una palabra, el patrimonio se volvió una pelota de tenis. 

Por su parte, la alcaldesa Susana Villarán rechazó la acusación. En comunicación por email dijo: “Es falso. Nosotros pedimos siempre una flexibilización en algunos engorrosos y absurdos trámites (…). Nada de eso ha funcionado. Queremos inversión privada en el millón y medio de metros abandonados a su suerte por las normas y barreras absurdas pero no destrucción. La RS es un arma para destruir, no una flexibilización y adaptación, que es lo que siempre solicitamos”.

Si algo queda claro es la tremenda confusión que existe frente al alcance de las nuevas normas. Según el ministerio, estas no le han quitado a Cultura la capacidad de autorizar ’previo’ al inicio de obras, una posición que cuestionan arquitectos y abogados patrimonialistas. Por ahora, ambos lados interpretan el texto porque no ha quedado claramente establecido.

El viceministro insiste en que hoy, como nunca, se está haciendo más para proteger nuestra herencia. Lo verdaderamente preocupante es enterarnos que nuestro patrimonio está siendo manejado directamente desde el Ministerio de Economía. Esto, de por sí, ya pone a todo nuestro legado de 5.000 años de civilización, uno de los más ricos del planeta y nuestro recurso económico a futuro, en una verdadera situación de vulnerabilidad. Aquí la entrevista.

Viceministro de Cultura - área de Patrimonio, Luis Jaime Castillo. Foto: JL.

¿Por qué aprobaron esta controvertida norma?
Esta reforma la venía peleando la Municipalidad de Lima desde hace un tiempo, y mi posición era que nosotros no podíamos transferirles competencias que son por ley del ministerio de Cultura, porque Lima no es la única municipalidad.

¿Quiere decir que el texto no pasó por Cultura?
No. Pasó de frente al MEF. No se cómo lo hicieron ni cómo llegaron a Economía, pero ciertamente en la norma se plasmó lo que quería la Municipalidad de Lima. El ministerio no reaccionó porque si bien la norma elimina la palabra ‘previa’ no elimina la autorización de Cultura para aprobar cualquier proyecto.

No es una aprobación obligatoria
Claro que sí.

Justamente la eliminación de la palabra ‘previa’ cambia el balance de poder
Pero no le quita la protección al inmueble. Además “autorización” por definición es previa. No se puede autorizar nada a posteriori. Y si tú te bajas una casona te expones a que te meta preso por destruir el patrimonio.

Por el lado de simplificar, simplifica, no cabe duda. ¿Pero están convencidos que esta medida le da el mensaje a los empresarios que el patrimonio se respeta?
No te puedo decir si sí o no. Yo creo que el problema del respeto tiene que ver también con la eficiencia. Y no solo empresarios, también hablamos de ciudadanos de a pie que querían hacer modificaciones a su propiedad y no podían.

Son ciudadanos como el del Jr. Huallaga 731, para quien el patrimonio es un obstáculo y lo demolió completamente
Con el apoyo de quién: de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML, que autorizó esa demolición en julio de este año [copia de la aprobación firmada al inicio de esta nota] con la firma de PROLIMA y la oposición del ministerio de Cultura, después de varios años en los que el ministerio se opuso, hasta el momento que un juez ordenó que se desmonumentalice la propiedad.

¿Tan frágil es nuestra legislación frente al patrimonio que un juez puede pedir eso?
Si un juez dice ‘ya no es monumento’, ya no lo es, y después el golpe de gracia vino de la Municipalidad de Lima, que tanto pedía estas atribuciones supuestamente para proteger mejor, y no lo hizo. Autorizó su demolición cuando esa casa era completamente recuperable.

Jirón Huallaga 731-745. Vivienda histórica demolida en el Centro Histórico, en octubre 2014.
Foto: Miguel Angel Pozo.

Pero en general existe la impresión que es el ministerio de Cultura el que no está protegiendo nuestras huacas y casonas
Estamos viviendo una época que como nunca hay obras de infraestructura por todos lados. Nunca la autoridad de cultura se enfrentó a carreteras por todo el país, electrificación por todo el país, construcciones, gaseoductos… y esa presión de la expansión del país efectivamente da la impresión que se está vulnerando.

Cuando no pasaba nada con la economía, tampoco pasaba nada con el patrimonio
Mi impresión es que paralelamente nunca hemos tenido tanto dinero para hacer investigación arqueológica, puesta en valor; nunca hemos tenido el dinero para hacer el mapeo completo del Qhapaq Ñan, bases de datos, etc. El ministerio es 10 veces lo que era el INC. Entonces esa es la paradoja, que cuando más se está haciendo para proteger el patrimonio la gente cree que es lo contrario.

Esta norma le da poder sobre el patrimonio a los municipios del país. Sin embargo, he visto en Iquitos, Huaraz, Barranca, Juli, Tarma y muchos lugares, cómo los mismos municipios han destruido sus plazas de armas y centros históricos
Pero quién ha denunciado la estatua en la plaza de armas de Cusco; quién ha defendido las palmeras en Chincha… Nosotros nos peleamos, pero muchas veces nuestro peor enemigo son las municipalidades, que quieren hacer lo que les da la gana.

Si esto es así, ¡sobre qué base deciden pasar toda la autoridad de la protección de patrimonio a las municipalidades!
Eso hay que preguntárselo a PROLIMA y la Municipalidad de Lima que, aparentemente, es la que promovió esta norma.

Hace unos años un alcalde de Iquitos demolió el edificio histórico de la Municipalidad.
Hubo protestas de los vecinos y de las autoridades de Cultura.
Pero el daño ya había sido consumado. Foto: JL.

Pero ustedes podían emitir una opinión técnica. De oponerse si les parecía mal. Por qué no lo hicieron.
Esta norma cuando llegó aquí ya estaba aprobada. Por otro lado, todavía tenemos que ver si esta transferencia de responsabilidades a las municipalidades puede dar resultados o no. Si no da el resultado esperado habrá que tratar de ajustarlas. Y más importante aún, el ministerio tiene derecho a veto. El ministerio puede parar cualquier proyecto.

No en Lima, donde el ministerio de Cultura es una voz más y no tiene derecho a veto.
Claro que sí. Está en la ley: se requiere la autorización del ministerio de Cultura.

No es la impresión que existe. La opinión del ministerio va a ser una más.
Te leo lo que dice la ley….

Pero los otros lo interpretan de distinta manera
Lo interpretan así pero apenas autoricen algo con lo que no estamos de acuerdo, los vamos a procesar.

Eso es verdad, pero todo el poder del ministerio queda a posteriori, cuando ya se hayan perdido muchas cosas
Eso no puede suceder si el ministerio no ha autorizado. Y si el ministerio no está presente, tampoco procede. En este nuevo escenario, todos tenemos voz, todos tenemos voto, pero el nuestro es indispensable.

¿Están en condiciones de hacer frente a las exigencias de eficiencia y rapidez?
En el caso de arqueología, para los CIRAS, hemos pedido 15 millones de soles más para contratar más arqueólogos.

¿Se los dieron?
Por supuesto. Y este otro caso, de los bienes históricos, va a generar un gasto adicional de 5 a 8 millones de soles para poder atenderlo en todo el país. Lo que sí tengo que decir es que si tenemos que evaluar expedientes según el estándar de la norma, que son cinco días, no vamos a poder hacerlo. Lo haremos en el tiempo que nos tome hacerlo bien, y lo haremos en un tiempo prudencial. Lo fundamental es que en las comisiones tenemos el voto definitivo.

Insisto, esa es una interpretación del ministerio. La ley no lo especifica
El fondo del asunto es ¿tenemos la capacidad para atender todas las municipalidades en todo el país? No. No la tenemos y para eso necesitamos recursos adicionales, que estamos peleando. ¿Y podemos resolver todos los casos que se presenten en el tiempo tan corto que nos plantea la norma? Tampoco podemos. Tendremos que hacerlo a la mayor brevedad posible y sin sacrificar la integridad del patrimonio.

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