El alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, acaba de pasar una ordenanza que busca proteger las históricas casonas del distrito. ¿Será verdad que por fin una autoridad edilicia vio la luz? ¿Será verdad que Lima todavía puede ser salvada? Cuando lo leí me emocioné. Hasta que vi la letra pequeña.
Antes veamos en qué consiste. La idea es sencilla y ha sido usada con éxito en otras ciudades del mundo: si usted tiene una casona en el distrito podría estar en condiciones de recibir un bono económico.
Si en su zona, por ejemplo, se pueden construir hasta siete pisos, entonces la municipalidad le dará un bono por cinco o seis pisos que usted podrá vender a una inmobiliaria que lo necesite en otra parte del distrito.
Al vender ese bono, usted como propietario queda obligado a usar parte de ese dinero en la recuperación del inmueble histórico. Además, firma un documento en el que renuncia a todo derecho para que en el futuro se construya ahí un edificio. Hasta ahí, todo bien. Pero, esto siendo Lima, hay dos aspectos que debilitan lo que debería ser una hermosa propuesta.
Uno de ellos, es que es voluntario. Si se trata efectivamente de proteger patrimonio, ¿por qué tiene que dejarse a voluntad del vecino? ¿Dónde queda la autoridad y su compromiso con salvar el patrimonio? Al hacerlo voluntario, la conservación también se vuelve opcional.
El otro requisito es que el inmueble haya sido declarado monumento por el Ministerio de Cultura, una tarea que esa institución o hace muy lentamente o ha olvidado. De hecho, la mayor parte de las estructuras que muchos consideramos históricas, y que ya han desaparecido, nunca fueron declaradas como tales.
Es cierto también que el Estado debería hacer más para proteger y estimular a propietarios de bienes históricos. Que la ley les exija que mantengan su predio en buenas condiciones sin darles ningún beneficio es mordernos la cola, porque ni el dueño hace nada ni la autoridad hace cumplir la ley.
Todavía quedan varias preguntas por resolver, como quién determina el costo de renovación de esa propiedad y qué porcentaje del dinero recibido con ese bono debe dedicarse a la renovación. O, ¿qué pasará con las propiedades cuyo costo de renovación sea mayor del bono recibido?
Para esto habrá que esperar 60 días, hasta que se reglamente la ordenanza. En todo caso, hecha la salvedad, tampoco hay que permitir que las debilidades de esta novedosa propuesta terminen siendo lo más importante. La ordenanza es, en principio, una buena medida.
De hecho, otros lugares de la capital con un rico patrimonio, como Santa Beatriz, Breña, Lince, Jesús María, deberían estar pensando en implementar algo así, que bien podría incidir en el desarrollo de un turismo local.
Miraflores todavía tiene tiempo para mejorar su propuesta y convertirse en un referente para el resto de la ciudad. Lo que tiene cada día menos son casonas que salvar. Y esperemos que cuando los alcaldes de los otros distritos también vean la luz, no sea muy tarde.
Publicado en El Comercio: 25/7/12
Foto:Peru.com
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